Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega enfrentan cargos federales en Nueva York

El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó cargos criminales contra Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, ambos exfuncionarios de la administración del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los exservidores públicos son señalados por presuntos vínculos con operaciones de narcotráfico relacionadas con la facción criminal conocida como “Los Chapitos”.

Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ingresó recientemente a territorio estadounidense para ponerse a disposición judicial y comparecer ante una corte federal de Manhattan.

Los fiscales de Nueva York sostienen que el exmando policiaco habría recibido pagos mensuales de hasta 100 mil dólares a cambio de alertar al cártel sobre operativos y acciones contra laboratorios clandestinos.

Antes de viajar a Estados Unidos, el militar retirado había obtenido una suspensión provisional en Michoacán que frenaba temporalmente cualquier proceso de extradición solicitado desde México.

Señalan red de protección al narcotráfico

Por otra parte, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas estatal, se entregó voluntariamente ante autoridades federales en Nueva York tras arribar desde Europa para enfrentar las acusaciones.

Reportes judiciales indican que Díaz Vega buscaría negociar un acuerdo de colaboración con las autoridades estadounidenses para reducir una posible condena.

Ambos exfuncionarios forman parte de una lista de diez servidores públicos sinaloenses investigados por presuntos delitos federales relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.

Las investigaciones estadounidenses apuntan a una red de corrupción que habría facilitado el tráfico de fentanilo y cocaína hacia distintas ciudades de Norteamérica.

Caso impacta al escenario político sinaloense

La detención y procesamiento de estos excolaboradores representa uno de los golpes más significativos contra figuras vinculadas al aparato político de Sinaloa en los últimos años.

Analistas y sectores de la opinión pública han exigido transparencia en torno al manejo de recursos públicos y posibles redes de protección institucional durante administraciones pasadas.

Las próximas audiencias serán clave para definir las sentencias y determinar si existirán nuevas órdenes de captura contra otros actores políticos relacionados con el caso.

El proceso judicial también podría sentar un precedente internacional sobre la infiltración del crimen organizado dentro de instituciones gubernamentales mexicanas.

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