Rubén Rocha Moya solicita licencia: Sinaloa entra en una crisis política
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, ha solicitado formalmente una licencia temporal para separarse de su cargo. Esta decisión, que ha dejado atónitos a diversos sectores, ocurre en un contexto de extrema presión internacional y judicial, derivado de señalamientos que vinculan a su administración con investigaciones por narcotráfico en Estados Unidos.
Un paso al costado ante el asedio judicial
La solicitud de licencia no llega sola. Junto a Rocha Moya, el alcalde de Culiacán también ha decidido apartarse de sus funciones. El objetivo declarado por el mandatario estatal es permitir que la Fiscalía General de la República (FGR) realice las indagatorias correspondientes «con total transparencia y sin obstáculos».
Este movimiento busca desestimar las acusaciones que han surgido desde cortes estadounidenses, las cuales sugieren presuntos nexos o facilidades otorgadas a estructuras del crimen organizado.
Desde hace semanas, la administración de Rocha Moya estaba bajo la lupa tras la filtración de documentos que lo mencionan en procesos judiciales en el extranjero. El gobernador ha mantenido una postura de inocencia absoluta, calificando los señalamientos como «infundios» que buscan desestabilizar la gobernabilidad del estado.
No obstante, la presión de la opinión pública y el peso de las evidencias presentadas en medios internacionales como CNN y El País hicieron la situación insostenible.
El Congreso del Estado de Sinaloa recibió la notificación y se prepara para designar a un gobernador interino. Mientras tanto, el Gobierno Federal ha manifestado que respetará el debido proceso, aunque el impacto político para el partido en el poder es innegable.
Expertos señalan que esta es una de las crisis institucionales más graves que ha enfrentado la entidad en la última década, pues pone en duda la legitimidad de las autoridades locales frente al avance de las investigaciones internacionales.
La separación del cargo es, por ahora, temporal, pero la sombra de una posible extradición o una imputación formal por parte de la FGR planea sobre el palacio de gobierno. La ciudadanía sinaloense, atrapada entre la violencia que no cesa y la incertidumbre política, aguarda respuestas claras sobre quién tomará las riendas del estado en este momento crítico.
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