Capital One cerró más de 300 cuentas de Trump por riesgo de lavado
La disputa legal entre Capital One y la Organización Trump dio un nuevo giro luego de que la institución financiera revelara ante un tribunal federal que decidió cerrar más de 300 cuentas bancarias vinculadas con las empresas de Donald Trump tras una revisión interna por posibles riesgos de lavado de dinero, rechazando que la decisión obedeciera a motivos políticos.
La información fue presentada como parte del proceso judicial iniciado por la Organización Trump y Eric Trump, quienes demandaron al banco al considerar que el cierre de sus cuentas en 2021 constituyó un caso de «debanking» o exclusión financiera por razones ideológicas, después de los acontecimientos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.
Sin embargo, Capital One respondió ante la Corte que la determinación fue resultado de meses de análisis realizados por su equipo especializado en prevención de lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) y de la aplicación de sus políticas internas de cumplimiento regulatorio, no de las posturas políticas del entonces expresidente.
En los documentos presentados ante la justicia, el banco afirmó que la revisión detectó patrones de actividad financiera que justificaban una evaluación bajo sus protocolos de prevención de lavado de dinero.
La institución aclaró que no acusó a la Organización Trump de haber cometido lavado de dinero, sino que las operaciones observadas activaron los mecanismos internos de control que obligan a las entidades financieras a evaluar riesgos y, cuando lo consideran necesario, terminar la relación comercial con determinados clientes.
Capital One sostuvo además que las decisiones relacionadas con la apertura o cierre de cuentas son confidenciales y forman parte de sus obligaciones para cumplir con la normativa bancaria estadounidense.
Trump acusa persecución política
La Organización Trump sostiene una versión distinta. En la demanda presentada contra Capital One, Donald Trump y Eric Trump argumentan que el banco canceló sus cuentas por motivos políticos, aprovechando el clima generado tras el asalto al Capitolio.
Según los demandantes, la institución actuó influenciada por una supuesta agenda corporativa y discriminó a las empresas del entonces expresidente debido a sus posiciones políticas.
Capital One rechazó esas acusaciones y calificó la demanda como «infundada», asegurando que las declaraciones utilizadas por la parte demandante fueron sacadas de contexto y no reflejan las razones reales de la decisión.
De acuerdo con los documentos judiciales, el banco cerró más de 300 cuentas pertenecientes a distintas entidades de la Organización Trump.
La relación bancaria entre ambas partes se había mantenido durante más de una década, por lo que el cierre representó un cambio significativo en los vínculos financieros del conglomerado empresarial del mandatario estadounidense.
Aunque el proceso ocurrió en 2021, la explicación detallada de Capital One salió a la luz ahora debido a la evolución del litigio que permanece abierto ante un tribunal federal.
El caso reabre el debate sobre el «debanking»
La controversia también reavivó el debate en Estados Unidos sobre el llamado «debanking», término utilizado para describir la cancelación de servicios financieros a clientes considerados de alto riesgo.
Durante los últimos años, diversos políticos conservadores han denunciado que algunas instituciones financieras han restringido servicios a personas y organizaciones por razones ideológicas.
En contraste, bancos y organismos reguladores sostienen que las decisiones suelen responder a evaluaciones de riesgo, obligaciones legales y normas contra el lavado de dinero, sin relación con posturas políticas.
El caso aún no tiene una resolución definitiva. Un tribunal federal ya había desestimado versiones anteriores de la demanda presentada por la Organización Trump, aunque permitió que los demandantes modificaran sus argumentos y continuaran el proceso judicial.
Ahora corresponderá a la Corte determinar si el cierre de las cuentas obedeció exclusivamente a criterios de cumplimiento regulatorio, como sostiene Capital One, o si existieron elementos que respalden la acusación de discriminación política planteada por Donald Trump y sus empresas.
Mientras tanto, el caso se suma a otros litigios que involucran al mandatario y a grandes instituciones financieras, en un contexto donde el acceso a los servicios bancarios se ha convertido en un tema de creciente debate político y regulatorio en Estados Unidos.
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