Bolivia ordena detener a Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado
La Fiscalía General del Estado de Bolivia emitió una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, a quien acusa de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros delitos relacionados con las protestas y bloqueos carreteros que paralizaron gran parte del país durante mayo y junio de 2026.
La medida representa un nuevo episodio en la crisis política boliviana y profundiza la confrontación entre el exmandatario y el gobierno del presidente Rodrigo Paz, en medio de un escenario marcado por la desaceleración económica, el descontento social y la disputa por el liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS).
Morales rechazó las acusaciones y aseguró que el proceso responde a una «persecución política», argumentando que las investigaciones buscan impedir su participación en la vida política del país y desviar la atención de la crisis económica que enfrenta Bolivia.
Los delitos que investiga la Fiscalía
De acuerdo con la investigación, el exjefe de Estado es señalado por presuntamente promover o respaldar las movilizaciones que durante 53 días mantuvieron bloqueadas diversas carreteras estratégicas del país.
La Fiscalía sostiene que dichas acciones provocaron desabasto de combustible, alimentos y medicamentos, afectaron la movilidad nacional y derivaron en hechos de violencia que dejaron 22 personas fallecidas, además de importantes pérdidas económicas.
Entre los delitos imputados figuran:
- Terrorismo.
- Alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.
- Atentados contra la seguridad de los medios de transporte.
- Otros cargos relacionados con la organización de las protestas y los bloqueos carreteros.
Esta orden de captura no es el único frente judicial que enfrenta Evo Morales. El exmandatario ya tenía procesos abiertos por otros casos, entre ellos uno iniciado en años anteriores relacionado con presuntos delitos de trata de personas y abuso de una menor, asunto por el que también existía una orden judicial para su detención tras no comparecer ante las autoridades.
Sin embargo, la nueva investigación está completamente vinculada a los acontecimientos políticos registrados durante las protestas de 2026, por lo que representa un expediente independiente con nuevas acusaciones.
Desde la región del Chapare, considerada su principal bastión político y sindical, Evo Morales negó haber organizado acciones violentas.
El exgobernante afirmó que las movilizaciones fueron impulsadas por organizaciones sociales inconformes con la situación económica del país y aseguró que continuará participando en la política boliviana, pese a las acciones emprendidas por la Fiscalía.
En mensajes difundidos tras conocerse la orden judicial, Morales reiteró que «seguirá luchando junto al pueblo boliviano» y calificó las acusaciones como un intento del gobierno por criminalizar la protesta social.
Crisis política y económica en Bolivia
La decisión judicial llega después de varios meses de tensión política.
Durante mayo y junio, Bolivia enfrentó una de las mayores olas de protestas de los últimos años, impulsadas por la escasez de combustibles, el aumento del costo de vida y el deterioro económico, situación que derivó en extensos bloqueos carreteros encabezados por organizaciones sociales y sectores afines a Morales.
Las movilizaciones afectaron el abastecimiento de productos básicos en distintas regiones y provocaron pérdidas millonarias para la economía nacional.
Mientras el gobierno sostiene que las protestas buscaron desestabilizar al Estado, los seguidores del exmandatario argumentan que se trató de manifestaciones legítimas frente a la crisis económica.
La nueva orden de captura intensifica la incertidumbre sobre el futuro político del expresidente, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 y continúa siendo una de las figuras con mayor influencia dentro del movimiento indígena y de izquierda del país.
El desarrollo del proceso judicial podría tener un impacto directo en el panorama político boliviano, especialmente ante la persistente polarización entre el oficialismo y los sectores que respaldan a Morales.
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