Ortega impulsa mandato de siete años y busca cerrar paso a opositores
El gobierno de Daniel Ortega impulsa una nueva reforma constitucional que busca ampliar de seis a siete años el periodo presidencial, además de establecer mecanismos para impedir que sectores de la oposición participen en futuros procesos electorales, en un nuevo movimiento que profundiza la concentración del poder político en Nicaragua.
La iniciativa comenzó a avanzar en la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, después de que Ortega planteara públicamente que el país no volverá a celebrar elecciones bajo un esquema que permita a sus adversarios políticos competir por el poder.
El proyecto contempla que el mandato presidencial sea de siete años renovables, una modificación que ampliaría nuevamente el periodo establecido en la reforma constitucional aprobada en 2025, cuando el gobierno extendió el mandato de cinco a seis años y creó la figura de la copresidencia, ocupada por Rosario Murillo, esposa de Ortega.
La propuesta ocurre en medio de una creciente preocupación internacional por el deterioro de las instituciones democráticas nicaragüenses y por las restricciones impuestas a partidos opositores, organizaciones civiles y medios de comunicación.
Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa es la intención de elevar a rango constitucional disposiciones que permitan impedir la participación electoral de opositores considerados por el gobierno como «traidores a la patria» o «golpistas».
De acuerdo con información difundida por medios internacionales y documentos vinculados con el proceso legislativo, la reforma pretende otorgar un marco jurídico para excluir de futuras contiendas a personas que hayan perdido la nacionalidad nicaragüense o que sean señaladas por las autoridades como vinculadas con acciones contra el Estado.
El oficialismo sostiene que las modificaciones buscan proteger la soberanía nacional y evitar la injerencia extranjera en los procesos políticos del país. La Asamblea Nacional ha argumentado que se pretende garantizar elecciones «del pueblo y para el pueblo», mientras que organizaciones opositoras y críticos del gobierno consideran que la medida busca cerrar cualquier posibilidad de alternancia política.
La reforma también ha generado preocupación debido a que el sistema electoral nicaragüense se encuentra bajo control de instituciones dominadas por el oficialismo, según diversos análisis y reportes internacionales.
Ortega había dicho que no habrá nuevas elecciones
El nuevo proyecto constitucional llega después de que Daniel Ortega declarara que «no volverá a haber elecciones» en Nicaragua, en una de las afirmaciones más contundentes sobre el futuro político del país.
El mandatario cuestionó la posibilidad de que sus adversarios puedan utilizar los procesos electorales para llegar al gobierno y anunció que trabajaría junto con la Asamblea Nacional para establecer mecanismos que impidan a determinados partidos competir por el poder.
La declaración generó reacciones internacionales y encendió las alertas entre sectores opositores, que consideran que el gobierno busca consolidar un modelo político sin competencia electoral efectiva.
La Asamblea Nacional y el Consejo Supremo Electoral comenzaron posteriormente a trabajar en las modificaciones legales y constitucionales solicitadas por Ortega.
Aunque el proceso legislativo aún debe avanzar antes de convertirse en una reforma definitiva, el oficialismo cuenta con una amplia mayoría parlamentaria, lo que facilita la aprobación de las iniciativas promovidas por el Ejecutivo.
La propuesta de establecer mandatos de siete años representa un nuevo cambio en el sistema político nicaragüense.
En 2025, una reforma constitucional modificó la estructura del Estado y amplió el periodo presidencial de cinco a seis años. Además, creó formalmente la figura de la copresidencia, que permitió a Rosario Murillo compartir el Poder Ejecutivo junto con Daniel Ortega.
La nueva iniciativa busca incrementar nuevamente la duración del mandato hasta siete años y establecer que pueda ser renovable, una fórmula que, según críticos del gobierno, podría facilitar la permanencia indefinida de la pareja presidencial en el poder.
Ortega regresó a la Presidencia en 2007 y desde entonces ha permanecido al frente del gobierno nicaragüense. Su administración ha enfrentado fuertes cuestionamientos internacionales, especialmente después de la crisis política y social de 2018, cuando las protestas contra su gobierno fueron reprimidas y posteriormente se produjo una persecución contra sectores opositores.
Desde entonces, numerosos dirigentes políticos y activistas han sido encarcelados, expulsados del país o despojados de su nacionalidad, según organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La oposición enfrenta un escenario cada vez más limitado
La eventual aprobación de la reforma representaría un nuevo obstáculo para los grupos opositores que buscan competir electoralmente contra el oficialismo.
El gobierno de Ortega ha utilizado términos como «traidores a la patria» y «golpistas» para referirse a algunos de sus adversarios políticos, mientras que las autoridades han impulsado medidas legales que han afectado a opositores y ciudadanos críticos.
La reforma que ahora se discute podría convertir esas restricciones en disposiciones de rango constitucional, lo que dificultaría todavía más que los sectores críticos puedan participar en elecciones.
Organizaciones opositoras han advertido que la medida podría transformar las elecciones en procesos sin competencia real y consolidar un sistema político dominado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El proceso también genera preocupación por el futuro de los comicios previstos para 2027. La posibilidad de que la oposición sea excluida de la contienda plantea dudas sobre la legitimidad y competitividad de cualquier elección que se realice bajo las nuevas reglas.
Desde el oficialismo, las modificaciones son presentadas como parte de una estrategia para fortalecer la soberanía y proteger a Nicaragua de lo que consideran intentos de intervención extranjera.
La Asamblea Nacional ha señalado que las reformas buscan garantizar que los procesos electorales sean organizados bajo criterios propios y evitar que personas consideradas enemigas del Estado participen en ellos.
La copresidenta Rosario Murillo también ha defendido el proceso y señaló que la reforma será consultada con distintos sectores antes de su aprobación.
Sin embargo, la oposición y organizaciones internacionales consideran que el proceso de consulta no garantiza una participación política plural, debido al control que el gobierno mantiene sobre las instituciones del Estado.
El Parlamento anunció inicialmente que la reforma podría ser discutida y aprobada en un plazo cercano, aunque posteriormente el proceso fue aplazado para septiembre. La modificación del calendario no significa que la iniciativa haya sido retirada, sino que continúa su recorrido institucional.
Una nueva etapa de concentración del poder
El proyecto de reforma constitucional representa uno de los movimientos políticos más relevantes de Nicaragua en los últimos años.
La combinación de un mandato presidencial de siete años renovable, la posibilidad de excluir a opositores de las elecciones y el control oficialista de las instituciones electorales podría modificar profundamente el sistema político del país.
Para los críticos de Ortega, el proyecto busca consolidar un modelo de poder permanente en torno a la pareja presidencial y reducir las posibilidades de alternancia.
El oficialismo, en cambio, sostiene que las reformas buscan proteger la estabilidad política y evitar que fuerzas extranjeras intervengan en los asuntos internos de Nicaragua.
El debate ocurre en un contexto en el que el país ha reducido considerablemente el espacio para la oposición política y la sociedad civil. La crisis iniciada en 2018 marcó un punto de quiebre en la relación entre el gobierno y sus adversarios, mientras que las elecciones de 2021 fueron ampliamente cuestionadas por la detención de candidatos opositores y la falta de condiciones competitivas.
Con la nueva reforma, el gobierno pretende establecer desde la Constitución las reglas que definirán quién puede participar en los procesos electorales y cuánto tiempo puede permanecer en el poder la dirigencia política.
De aprobarse, Nicaragua avanzaría hacia un modelo en el que la alternancia mediante las urnas quedaría aún más restringida, mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidarían un esquema de gobierno con periodos más largos y mayores mecanismos de control político.
El proceso legislativo será clave para conocer el alcance definitivo de las modificaciones y determinar cómo impactarán en las elecciones previstas para los próximos años. Mientras tanto, la comunidad internacional mantiene la atención sobre Nicaragua ante el riesgo de un mayor deterioro de las instituciones democráticas y de los derechos políticos de la población.
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