Exdirector de Pemex enfrentará en libertad proceso por violencia familiar

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, continuará en libertad el proceso penal que enfrenta por el delito de violencia familiar, luego de que una jueza de control en Morelos modificó la medida cautelar de prisión preventiva que le había sido impuesta días atrás. La resolución no pone fin al caso, sino que permite que el exfuncionario siga el procedimiento judicial fuera del penal, sujeto a diversas restricciones y obligaciones.

La decisión fue tomada durante una audiencia celebrada este martes, en la que la jueza Consuelo Adriana Correa consideró que las circunstancias que motivaron la prisión preventiva habían cambiado. Entre los elementos valorados estuvieron la acreditación de un domicilio fijo en la Ciudad de México y la carta presentada por María Felicia Jiménez Lavié, esposa del exfuncionario, en la que manifestó su intención de otorgarle el perdón y explorar una salida alterna al proceso.

Pese a la modificación de la medida cautelar, las autoridades aclararon que el proceso por violencia familiar no ha sido cancelado. En el estado de Morelos este delito se persigue de oficio, por lo que el perdón expresado por la víctima no extingue automáticamente la acción penal ni impide que la Fiscalía continúe con la investigación.

Rodríguez Padilla fue previamente vinculado a proceso por violencia familiar en agravio de su esposa y de su hijo menor de edad. Durante la audiencia de vinculación, la jueza desestimó el delito de violencia vicaria por considerar que no existían elementos suficientes para sostener esa imputación, aunque sí encontró datos para continuar el procedimiento por violencia familiar.

Las medidas que deberá cumplir

Como parte de la resolución judicial, el exdirector de Pemex deberá cumplir una serie de medidas cautelares mientras continúa el proceso.

Entre ellas destacan la obligación de presentarse periódicamente a firmar ante la autoridad judicial, someterse a tratamiento psicológico en instituciones públicas, abstenerse de salir del país sin autorización y mantenerse alejado de su esposa e hijo, con quienes tampoco podrá establecer contacto por ningún medio. Además, permanecerá bajo la vigilancia que determine el juzgado.

La defensa del exfuncionario también planteó la posibilidad de solicitar una suspensión condicional del proceso, figura jurídica que, de ser aprobada por la autoridad judicial, implicaría el cumplimiento de diversas condiciones durante un periodo determinado antes de que pudiera concluir el procedimiento. Sin embargo, esa decisión aún deberá resolverse en etapas posteriores.

El caso adquirió notoriedad pública a finales de junio, cuando María Felicia Jiménez Lavié difundió videos en los que se observa al entonces exdirector de Pemex presuntamente agrediéndola físicamente dentro de un inmueble en Morelos, hechos ocurridos frente a uno de sus hijos.

Posteriormente, la Fiscalía de Morelos abrió una investigación de oficio, mientras que la víctima presentó una denuncia independiente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres, procedimiento que continúa de manera separada.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció públicamente sobre el caso y sostuvo que «no puede haber violencia contra las mujeres», al tiempo que aseguró que las instituciones actuarían conforme a la ley y sin privilegios para ningún servidor o exservidor público.

Diversas expertas señalaron que las decisiones de otorgar el perdón o desistirse de un procedimiento pueden estar relacionadas con factores como la dependencia económica, el miedo a represalias, la protección de los hijos o la falta de redes institucionales de apoyo, por lo que pidieron evitar juicios hacia las víctimas y reforzar los mecanismos de protección.

Asimismo, recordaron que la violencia familiar constituye uno de los delitos con mayor incidencia en México y que los casos donde están involucrados personajes públicos representan una oportunidad para visibilizar la importancia de garantizar investigaciones imparciales y el acceso efectivo a la justicia.

El caso aún está lejos de concluir

Aunque Víctor Rodríguez Padilla abandonó el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, en Morelos, su situación jurídica continúa abierta. En las próximas etapas del proceso, la Fiscalía deberá presentar los elementos de prueba con los que sostiene la acusación, mientras la defensa ejercerá los recursos legales que considere pertinentes.

La resolución judicial marca un cambio en las medidas cautelares, pero no implica una absolución ni una sentencia definitiva. El caso seguirá su curso conforme al debido proceso y será la autoridad judicial la encargada de determinar, en su momento, la responsabilidad penal del exfuncionario.

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