Denuncian contrato millonario adjudicado en Pemex; piden investigar a exdirector

Un contrato de hasta 4 mil 838 millones 689 mil pesos adjudicado de manera directa durante la gestión del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, se encuentra bajo escrutinio luego de que una denuncia ciudadana solicitara la intervención de diversas autoridades federales para investigar la legalidad del procedimiento, la posible existencia de conflictos de interés, simulación de competencia y eventuales irregularidades en la contratación.

La denuncia fue presentada el 6 de julio ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y posteriormente remitida a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control de Pemex, con el propósito de que cada instancia analice los aspectos que le corresponden. Hasta el momento, no existe una resolución oficial que determine responsabilidades o confirme irregularidades en la adjudicación del contrato.

El contrato identificado como PMX-2025-98-347 fue otorgado mediante adjudicación directa a un consorcio integrado por Arrendo Serv, S.A. de C.V. e Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. Su vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2028 y contempla el arrendamiento de entre 350 y mil 200 vehículos especializados por año, destinados a labores de salvaguardia estratégica, seguridad física y combate al mercado ilícito de hidrocarburos, además de servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y sustitución de unidades.

Pemex justificó la contratación sin licitación pública al amparo de una excepción prevista en la legislación de la empresa, argumentando que el servicio está relacionado con seguridad nacional, seguridad pública y protección de infraestructura estratégica. Esa justificación es precisamente uno de los elementos cuya legalidad se solicita revisar.

¿Qué pide investigar la denuncia?

El documento entregado a las autoridades solicita esclarecer diversos puntos considerados relevantes debido al monto del contrato y al mecanismo utilizado para su asignación.

Entre los aspectos que se pide investigar destacan:

• La legalidad de la adjudicación directa y el uso de la excepción a la licitación pública.
• La capacidad técnica y financiera de las empresas beneficiadas.
• La identidad de los beneficiarios finales de las compañías.
• La posible existencia de conflictos de interés entre particulares y servidores públicos.
• Una eventual simulación de competencia durante el proceso de contratación.
• Posibles relaciones corporativas o patrimoniales que no hayan sido reveladas.

Asimismo, la denuncia señala que la magnitud económica del contrato hace indispensable verificar que el procedimiento se haya desarrollado conforme a los principios de legalidad, transparencia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez que rigen el uso de recursos públicos.

Como parte de los elementos incluidos en la denuncia, se menciona una verificación realizada en el domicilio registrado por una de las empresas beneficiadas, Impulsa Tu Ganancia, ubicado en Metepec, Estado de México.

De acuerdo con el expediente citado por diversos medios, durante la visita no fue localizado personal de la empresa ni señalización visible de oficinas, situación que los promoventes consideran un elemento que amerita ser revisado por las autoridades competentes. También se solicita analizar posibles vínculos corporativos entre las empresas participantes y otras personas físicas o morales relacionadas con el procedimiento.

El contexto del exdirector de Pemex

La nueva denuncia surge apenas días después de que Víctor Rodríguez Padilla fuera detenido para enfrentar un proceso penal derivado de una denuncia por presunta violencia familiar presentada por su esposa. Aunque ambos asuntos corresponden a investigaciones distintas e independientes, el caso ha colocado nuevamente al exfuncionario en el centro de la atención pública.

Rodríguez Padilla dejó la dirección general de Pemex en mayo de este año y, posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó públicamente que no ocuparía otro cargo dentro del Gobierno federal, al señalar que en casos de presunta violencia contra las mujeres debe aplicarse la ley sin excepciones.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha informado sobre la apertura formal de un procedimiento sancionador ni ha concluido que existieron actos ilícitos en la adjudicación del contrato.

La denuncia se encuentra en etapa de análisis por parte de las instancias competentes, las cuales deberán determinar si existen elementos suficientes para iniciar investigaciones administrativas, fiscales o penales.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la transparencia en las contrataciones públicas, especialmente cuando se trata de procedimientos de excepción a la licitación y de contratos que involucran recursos públicos por miles de millones de pesos. El resultado de las investigaciones será determinante para establecer si la adjudicación cumplió con la normatividad vigente o si existen responsabilidades que deban ser sancionadas conforme a la ley.

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