Detienen a empresaria de Topolino por secuestro ocurrido en 2014

Francesca Marilisa Soliman Minutti, empresaria vinculada a la cadena de cafeterías Topolino, fue detenida en el municipio de Atlixco, Puebla, luego de permanecer 12 años prófuga de la justicia por su presunta participación en un secuestro ocurrido en 2014. La captura reactivó uno de los casos de alto impacto que permanecían pendientes en el estado y que, desde su origen, estuvo rodeado de señalamientos sobre presuntas influencias e irregularidades en el proceso judicial.

La aprehensión fue ejecutada por agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) en cumplimiento de una orden de captura vigente derivada de la carpeta de investigación iniciada hace más de una década. Aunque el arresto ocurrió el 3 de junio, la información trascendió públicamente hasta finales de junio e inicios de julio, cuando el caso apareció en el Registro Nacional de Detenciones y fue confirmado por diversos medios.

Tras su captura, un juez le dictó auto de formal prisión, debido a que el expediente continúa bajo las reglas del sistema penal tradicional, vigente al momento en que ocurrieron los hechos. Actualmente permanece recluida en el Centro Penitenciario Femenil de Puebla, donde enfrentará el proceso correspondiente.

Un secuestro que conmocionó a Puebla

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el 20 de febrero de 2014, cuando la víctima, un empresario originario de la zona de Chipilo, fue interceptada al salir de un establecimiento ubicado sobre la carretera Puebla–Atlixco.

Las autoridades sostienen que Francesca Soliman Minutti habría sido la autora intelectual del secuestro y que, presuntamente, contrató a varias personas para agredir a quien entonces era su expareja sentimental. Sin embargo, durante la agresión el plan habría escalado hasta convertirse en una privación ilegal de la libertad.

Según la Fiscalía, la víctima fue golpeada, inmovilizada y trasladada en diferentes vehículos hasta permanecer retenida durante varias horas en distintos inmuebles. Posteriormente, los presuntos responsables se comunicaron con sus familiares para exigir cinco millones de pesos a cambio de su liberación.

Finalmente, los secuesstradores aceptaron un pago de 75 mil pesos, tras lo cual la víctima recuperó su libertad. Las investigaciones permitieron identificar a los participantes y, ese mismo año, varios de ellos fueron detenidos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del caso fue que, pese a haber sido detenida inicialmente en 2014 junto con otros implicados, Francesca Soliman Minutti recuperó su libertad y posteriormente dejó de comparecer ante las autoridades, convirtiéndose en prófuga durante más de una década.

Diversas publicaciones periodísticas señalaron que durante esos años la empresaria continuó desarrollando sus actividades comerciales con aparente normalidad en Atlixco, mientras la orden de aprehensión permanecía vigente. Asimismo, el caso estuvo rodeado de versiones sobre posibles influencias políticas y jurídicas que habrían retrasado la ejecución de la orden judicial, aunque esos señalamientos no han sido acreditados oficialmente.

La detenida es identificada públicamente como una de las empresarias relacionadas con la cadena de cafeterías y heladerías Topolino, una marca originaria de Atlixco con presencia en distintos municipios poblanos.

Su captura generó amplia repercusión debido al reconocimiento de la empresa en la región y porque también ha sido relacionada con actividades públicas y políticas en años anteriores. No obstante, las autoridades han precisado que el proceso penal corresponde exclusivamente a la presunta responsabilidad personal de la imputada, sin que exista alguna investigación dirigida contra la empresa.

La investigación continúa

Con la detención de Soliman Minutti, la Fiscalía considera que fueron ubicados todos los presuntos involucrados en el secuestro ocurrido en 2014. Ahora corresponderá al Poder Judicial determinar su responsabilidad penal conforme avance el proceso.

La defensa de la empresaria podrá presentar las pruebas que considere pertinentes, mientras que el Ministerio Público buscará acreditar su probable participación como autora intelectual del delito.

El caso vuelve a colocar bajo los reflectores un expediente que permaneció abierto durante más de doce años y que ahora entra en una nueva etapa judicial. La resolución que emitan los tribunales será determinante para esclarecer uno de los procesos penales más mediáticos registrados en Puebla durante la última década.

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