EU mantiene congeladas 269 extradiciones solicitadas por México
El Gobierno de México elevó el tono diplomático frente a Estados Unidos luego de denunciar que Washington no ha concretado ninguna de las 269 solicitudes de extradición presentadas por autoridades mexicanas desde 2018. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la situación como una falta de “reciprocidad” entre ambos países en materia de cooperación judicial y combate al crimen.
La controversia surgió en medio de tensiones bilaterales relacionadas con acusaciones de narcotráfico y solicitudes estadounidenses para extraditar a funcionarios y políticos mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reveló que, entre enero de 2018 y mayo de 2026, México presentó formalmente 269 requerimientos de extradición ante autoridades estadounidenses, pero ninguno se ha concretado. Además, indicó que 36 casos ya fueron rechazados y otros 233 permanecen pendientes de resolución.
En contraste, el Gobierno mexicano aseguró haber extraditado a 92 personas solicitadas por Estados Unidos durante el mismo periodo, incluidos líderes criminales y operadores del narcotráfico.
“Debe haber colaboración y también reciprocidad”, afirmó la mandataria, al cuestionar que Washington exija cooperación inmediata mientras mantiene congeladas solicitudes mexicanas relacionadas con corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero.
Cabeza de Vaca y Álvarez Puga, entre los casos pendientes
Entre las extradiciones solicitadas por México destacan personajes de alto perfil político y empresarial, como el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También aparece el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado por presuntos fraudes millonarios, evasión fiscal y uso de empresas fantasma junto con la conductora Inés Gómez Mont.
De acuerdo con información difundida por autoridades mexicanas, varios de los casos rechazados por Estados Unidos corresponden a delitos financieros o de corrupción que, según Washington, no cumplen criterios suficientes para proceder con una extradición inmediata.
El reclamo ocurre en un momento especialmente delicado para la relación bilateral. En semanas recientes, Estados Unidos acusó formalmente a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y solicitó detenciones provisionales con fines de extradición.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República y la Cancillería mexicana respondieron que las solicitudes estadounidenses carecen de pruebas suficientes y no cumplen con los requisitos legales establecidos en los tratados internacionales.
Especialistas consideran que el tema de las extradiciones podría convertirse en uno de los principales puntos de fricción entre ambos gobiernos, particularmente por el contexto de seguridad, narcotráfico y presiones políticas provenientes de Washington.
Cooperación judicial bajo presión
La relación México-Estados Unidos históricamente ha estado marcada por la cooperación en materia de seguridad y extradiciones. Sin embargo, analistas advierten que el actual desencuentro evidencia diferencias políticas y jurídicas cada vez más profundas.
Además, organizaciones jurídicas señalaron que muchos procesos de extradición pueden tardar años debido a litigios, solicitudes de asilo, apelaciones y diferencias entre los sistemas judiciales de ambos países.
Aun así, el Gobierno mexicano insiste en que existe un desequilibrio evidente en la colaboración bilateral. La administración de Sheinbaum busca presionar diplomáticamente para destrabar los casos pendientes y responder a las críticas estadounidenses sobre el combate al crimen organizado en México.
Mientras Washington incrementa la presión sobre funcionarios mexicanos presuntamente ligados al narcotráfico, el Gobierno federal exige el mismo nivel de cooperación para perseguir a prófugos acusados de corrupción y delincuencia financiera refugiados en territorio estadounidense.
Por ahora, ninguno de los 269 requerimientos presentados por México ha sido resuelto favorablemente, una situación que la Cancillería considera insostenible dentro de una relación bilateral que presume coordinación permanente en materia de seguridad y justicia.
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