Reforma judicial tendrá cambios: elección de jueces iría a 2028

El Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, anunció una nueva reforma constitucional para modificar la implementación de la polémica reforma judicial impulsada durante el sexenio anterior. La propuesta contempla aplazar la segunda elección judicial prevista para 2027 hasta 2028, además de introducir cambios en el sistema de selección de candidatos y en la organización de los comicios.

La decisión ocurre después de meses de cuestionamientos por parte de especialistas, organizaciones civiles, jueces, empresarios y autoridades electorales, quienes advirtieron problemas operativos y riesgos para la independencia judicial tras la primera elección popular de jueces y magistrados realizada en 2025.

Gobierno admite fallas en la reforma judicial

Aunque el oficialismo evitó calificar los cambios como una “corrección”, diversos sectores interpretaron la iniciativa como un reconocimiento implícito de que el modelo original presentó complicaciones importantes.

La propia presidenta explicó que la propuesta surgió tras un análisis encabezado por la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, quien detectó dificultades logísticas y técnicas para celebrar la elección judicial junto con las elecciones intermedias de 2027.

Entre las principales modificaciones destacan:

• Aplazar la elección judicial hasta junio de 2028
• Reducir el número de candidatos en las boletas
• Crear filtros técnicos y evaluaciones más rigurosas
• Simplificar el sistema de votación
• Reorganizar los distritos judiciales
• Empatar la elección judicial con otros procesos electorales y posiblemente con la consulta de revocación de mandato

La propuesta también busca disminuir costos y evitar una saturación operativa para el Instituto Nacional Electoral, organismo que advirtió que realizar elecciones concurrentes en 2027 podría provocar un “colapso” logístico.

La reforma judicial promovida originalmente por el obradorismo fue presentada como una medida histórica para democratizar al Poder Judicial mediante el voto ciudadano. Sin embargo, desde su aprobación generó fuertes críticas por el riesgo de politización y por permitir la llegada de perfiles sin experiencia suficiente a cargos clave dentro del sistema judicial mexicano.

Diversos analistas señalaron que las primeras elecciones judiciales dejaron evidencia de problemas en la evaluación de aspirantes, campañas poco reguladas y una participación ciudadana menor a la esperada. Además, empresarios y organismos internacionales expresaron preocupación por el impacto que podría tener la reforma sobre la certeza jurídica y las inversiones en México.

Incluso sectores del propio Poder Judicial consideraron que el nuevo ajuste representa una admisión indirecta de errores. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) calificó el aplazamiento como una “confesión” de que el diseño original necesitaba modificaciones profundas.

Morena prepara discusión “fast track”

Mientras tanto, legisladores de Morena y aliados ya preparan un periodo extraordinario en el Congreso para discutir y aprobar la reforma constitucional antes de que inicien formalmente los preparativos electorales rumbo a 2027.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que el Congreso podría discutir la propuesta en los próximos días bajo un procedimiento acelerado.

La iniciativa requiere mayoría calificada en ambas cámaras y aprobación de congresos estatales, debido a que implica modificaciones constitucionales.

El aplazamiento de la elección judicial abre un nuevo episodio en uno de los proyectos políticos más polémicos de los últimos años en México. Mientras el Gobierno insiste en que los cambios buscan perfeccionar el sistema y facilitar la participación ciudadana, críticos sostienen que persisten dudas sobre la autonomía judicial y el alcance real de la reforma.

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