Fallas en videoconferencia frenan audiencia contra Mario Marín por el caso Lydia Cacho

La audiencia judicial en la que se esperaba avanzar hacia una resolución contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por el caso de la periodista Lydia Cacho fue aplazada el martes 20 de octubre debido a problemas técnicos con la plataforma digital utilizada para la diligencia. Hasta el momento, no se ha anunciado una nueva fecha para su realización.

El procedimiento, relacionado con la causa penal 25/2018, estaba programado para las 13:00 horas, tiempo de Quintana Roo, mediante el sistema de videoconferencias Webex. Sin embargo, la conexión no pudo concretarse y, de acuerdo con el equipo jurídico de Cacho, la suspensión se notificó poco antes de las 13:30 horas, después de que inicialmente se planteara generar un nuevo enlace.

La diligencia estaba a cargo del Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en Cancún, y representaba una etapa importante para determinar la situación jurídica del exmandatario poblano, señalado por su presunta responsabilidad en los actos de tortura denunciados por la comunicadora.

Lydia Cacho cuestiona el aplazamiento

Tras conocerse la suspensión, Lydia Cacho expresó su inconformidad y puso en duda las explicaciones sobre los problemas técnicos que impidieron llevar a cabo la audiencia. Según relató, primero recibió información sobre una interrupción del suministro eléctrico y posteriormente se le comunicó que existían dificultades con el sistema de comunicación judicial.

La periodista también señaló que su equipo legal había solicitado previamente que la diligencia fuera pública y que se permitiera el acceso de representantes de los medios de comunicación, al considerar que la transparencia resulta fundamental en un caso relacionado con presuntas violaciones graves a los derechos humanos.

Por su parte, Artículo 19 México y Centroamérica informó que, al intentar ingresar a la sesión, la cuenta de la defensa de la periodista aparecía como inhabilitada. La organización manifestó su preocupación porque, después de casi 21 años de los hechos denunciados, los problemas técnicos y logísticos continúen retrasando el avance del procedimiento.

Cacho sostuvo que ella y sus abogados se habían preparado para la diligencia y reiteró su exigencia de justicia. La comunicadora atribuye al exgobernador poblano una presunta intervención en las acciones que derivaron en su detención y las agresiones que denunció en 2005.

Un caso que comenzó en 2005

Los antecedentes se remontan al 16 de diciembre de 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, por agentes de la Policía Judicial de Puebla. Posteriormente, fue trasladada por carretera a territorio poblano durante más de 20 horas, trayecto en el que denunció haber sufrido amenazas, incomunicación y tortura física y psicológica.

Los hechos ocurrieron después de la publicación del libro Los demonios del Edén, investigación en la que la periodista documentó una presunta red de explotación sexual infantil y señaló posibles vínculos con empresarios y figuras públicas.

Desde entonces, Cacho ha mantenido una prolongada batalla judicial para que se investiguen las agresiones denunciadas y se sancione a los responsables. En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas determinó que México había violado sus derechos; en 2019, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública.

Mario Marín permanece en prisión

El exgobernador de Puebla permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México, mientras continúa el proceso penal relacionado con el caso.

La suspensión de la audiencia prolonga la espera de una resolución judicial en uno de los casos más emblemáticos de agresiones contra periodistas en México. La fecha para reanudar la diligencia sigue pendiente, por lo que todavía no existe una resolución derivada de esta audiencia.

Mientras tanto, la defensa de Lydia Cacho y organizaciones dedicadas a la protección de la libertad de expresión mantienen su exigencia de que el proceso avance y se garantice el acceso a la justicia.

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