Reality ligado a Salinas Pliego desata conflictos con garífunas en Honduras

La grabación de un reality show en Cayos Cochinos, Honduras, provocó un conflicto entre comunidades garífunas, organizaciones defensoras del territorio y empresas vinculadas con el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego.

El caso escaló durante septiembre luego de que pobladores instalaran un campamento de protesta en Playa Uva, en el archipiélago de Cayos Cochinos, para exigir respeto a sus derechos territoriales y ambientales. Posteriormente, autoridades hondureñas ejecutaron una orden judicial de desalojo contra quienes permanecían en el lugar.

La controversia llegó también a México. La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso durante su conferencia matutina del 21 de septiembre y señaló que cualquier actividad económica realizada en territorios de conservación o pertenecientes a pueblos originarios debe cumplir con las regulaciones correspondientes.

¿Qué ocurre en Cayos Cochinos?

El conflicto se desarrolla alrededor de la producción de una nueva temporada de Survivor México, programa producido por la empresa española Cuarzo Producciones y relacionado con las compañías que operan en la zona.

Las comunidades garífunas sostienen que la realización del programa ha generado restricciones para acceder a determinadas áreas, dificultades para realizar actividades de pesca y problemas para obtener agua, además de posibles afectaciones al entorno natural.

De acuerdo con las denuncias difundidas por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), las restricciones coinciden con la temporada de desove de la tortuga carey, especie que utiliza las costas de la región para reproducirse.

Los habitantes también cuestionan que las actividades relacionadas con el programa se desarrollen en un territorio que consideran ancestralmente garífuna.

Protestas y orden de desalojo

Durante varias semanas, integrantes de las comunidades mantuvieron un Campamento por la Vida en Playa Uva como forma de protesta. La situación se intensificó a mediados de septiembre con el despliegue de elementos de la Policía Nacional de Honduras en la zona. El 17 de septiembre, un juzgado de San Pedro Sula ordenó el retiro de personas consideradas como “ocupantes no autorizados”.

La resolución también contemplaba medidas contra integrantes del comité de resistencia en caso de que permanecieran en el lugar, según la información publicada por medios hondureños y mexicanos. OFRANEH denunció que el operativo representaba una amenaza para las comunidades que defienden su territorio y reclamó el cumplimiento de los derechos reconocidos a los pueblos garífunas.

El 20 de septiembre, medios reportaron que la policía hondureña desalojó a pobladores que mantenían la protesta en Playa Uva, mientras continuaba la tensión alrededor de la producción televisiva.

¿Qué relación tiene Salinas Pliego con el lugar?

El terreno donde se desarrollan las actividades está relacionado con la Sociedad de Inversiones Ecológicas S.A. (SIEC).

Según los reportes publicados sobre el conflicto, el principal accionista de esa sociedad estaría vinculado con Fundación Azteca Honduras, relacionada con el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. Esa relación empresarial es uno de los argumentos utilizados por las organizaciones comunitarias para señalar al magnate mexicano en sus denuncias.

Sin embargo, es importante distinguir entre la relación empresarial reportada y las acusaciones de responsabilidad directa por el desalojo. Estas últimas forman parte de los señalamientos realizados por dirigentes comunitarios y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de responsabilidad.

La propia controversia se encuentra atravesada por diferentes actores: las comunidades garífunas, autoridades hondureñas, empresas propietarias o administradoras de los terrenos y la producción internacional del programa.

El conflicto adquirió una dimensión internacional después de que Claudia Sheinbaum fuera cuestionada sobre el desalojo durante su conferencia del 21 de septiembre.

La presidenta mexicana respondió que necesitaba contar con toda la información antes de establecer una posición definitiva sobre el caso, pero sostuvo que las actividades económicas deben cumplir las normas cuando se realizan en áreas de conservación o territorios pertenecientes a pueblos originarios.

“Si es así, no está bien”, expresó Sheinbaum al referirse al supuesto desalojo, antes de insistir en la necesidad de respetar las regulaciones correspondientes.

La mandataria no anunció una intervención del Gobierno de México en el conflicto y su pronunciamiento estuvo centrado en la necesidad de que se respeten las disposiciones ambientales y los derechos de las comunidades.

Una disputa que también alcanza al medio ambiente

Además del conflicto territorial, las organizaciones comunitarias han colocado el impacto ambiental entre sus principales preocupaciones.

Cayos Cochinos forma parte de una zona de gran importancia ecológica en el Caribe hondureño. Las denuncias se concentran particularmente en las restricciones que, según los pobladores, afectan la pesca y el acceso a recursos básicos, así como en el momento de la grabación, que coincide con el periodo reproductivo de la tortuga carey.

La producción, por su parte, ha continuado con modificaciones en sus actividades ante el ambiente de tensión. Reportes de medios españoles señalaron que los participantes fueron trasladados de las zonas de playa hacia un área selvática de los Cayos Cochinos, mientras las protestas continuaban.

El conflicto permanece abierto y coloca nuevamente en el centro del debate la protección de los territorios indígenas, la conservación ambiental y las actividades comerciales y turísticas desarrolladas en zonas protegidas.

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