ICE intensifica su ofensiva migratoria con casi 50 mil arrestos en julio
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizó 49 mil 571 arrestos durante julio de 2026, la cifra mensual más elevada durante el segundo mandato del presidente Donald Trump y uno de los niveles más altos registrados en los últimos años.
Los datos, proporcionados por ICE al Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley y analizados por The Associated Press, muestran un incremento de 15 por ciento respecto a junio, cuando se contabilizaron 43 mil 21 detenciones. En comparación con febrero, el aumento alcanza 70 por ciento.
El repunte ocurre mientras la administración Trump mantiene su estrategia de endurecimiento migratorio y deportaciones masivas, aunque con un cambio en la forma de ejecutar los operativos: de las redadas altamente visibles en grandes ciudades a detenciones más dispersas y menos mediáticas.
Las 49 mil 571 detenciones registradas en julio superaron el máximo mensual previo de este segundo mandato presidencial y representan un incremento considerable frente a los meses anteriores.
En febrero, ICE había contabilizado 29 mil 241 arrestos. Después de una reducción temporal de las operaciones, las cifras comenzaron a crecer nuevamente y alcanzaron 43 mil 21 en junio, antes de llegar al récord de julio.
El crecimiento también coincide con una mayor participación de policías estatales y locales en labores migratorias mediante acuerdos conocidos como 287(g).
Durante julio, aproximadamente 6 mil 500 arrestos, equivalentes a cerca de 13 por ciento del total, fueron realizados por agencias estatales o locales que colaboran con ICE.
Estos acuerdos permiten que determinados agentes locales desempeñen funciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias federales después de recibir autorización y capacitación.
Más de la mitad no tenía condenas penales
Uno de los datos que más ha llamado la atención es el perfil de las personas detenidas.
De acuerdo con el análisis de los registros, más de la mitad de los arrestados durante julio no tenía condenas penales. La información contrasta con el argumento de que las acciones migratorias estarían enfocadas principalmente en personas consideradas una amenaza para la seguridad pública.
El dato también aparece en otros registros sobre la población actualmente detenida por ICE. El Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, reportó que 70.6 por ciento de las personas bajo custodia de ICE al 11 de julio no tenía condenas penales.
Esto no significa que todas las personas detenidas carezcan de antecedentes o de procesos migratorios pendientes, pero sí evidencia que las operaciones están alcanzando a una proporción importante de migrantes que no cuentan con condenas criminales.
El incremento de julio ocurre después de que el Gobierno estadounidense modificara parcialmente la estrategia de aplicación de las leyes migratorias.
Durante los primeros meses del segundo mandato de Trump, las operaciones en ciudades como Los Ángeles y otras zonas urbanas generaron protestas, enfrentamientos y una amplia cobertura mediática.
Posteriormente, las autoridades comenzaron a privilegiar procedimientos menos visibles, como detenciones durante paradas de tráfico, citas migratorias, aeropuertos y operaciones coordinadas con policías estatales y locales.
El resultado, sin embargo, ha sido un aumento considerable en el número total de personas arrestadas. El cambio también dificulta que organizaciones defensoras de migrantes y abogados puedan anticipar dónde se producirán las detenciones.
Texas y Florida se encuentran entre los estados con mayor número de detenciones y, en conjunto, concentraron una proporción importante de los arrestos realizados durante julio. Ambos estados mantienen una amplia colaboración entre autoridades locales y federales mediante acuerdos 287(g).
La participación de policías locales se ha convertido en un componente cada vez más importante de la estrategia migratoria de la administración Trump.
El Gobierno federal ha utilizado incentivos económicos para ampliar estas alianzas, lo que ha permitido aumentar la capacidad de las autoridades migratorias para identificar y detener personas en comunidades donde anteriormente la intervención de ICE era más limitada.
¿Qué ocurre con los mexicanos?
La ofensiva migratoria estadounidense tiene especial relevancia para México, debido al tamaño de la comunidad mexicana residente en Estados Unidos.
Según la información reportada por Reforma, 41 mexicanos aparecen entre las personas detenidas por ICE en el contexto de estos operativos.
El dato se suma a una serie de episodios que han elevado la preocupación del Gobierno mexicano por las condiciones en las que se realizan las detenciones y por el trato que reciben los connacionales.
En los últimos meses, México también ha intervenido en casos relacionados con muertes de mexicanos bajo custodia de ICE y durante operativos migratorios.
La Secretaría de Relaciones Exteriores ha emprendido acciones de investigación y ha solicitado información a autoridades estadounidenses sobre diversos fallecimientos. En julio, la Cancillería informó acciones jurídicas relacionadas con casos de mexicanos muertos durante operaciones o bajo custodia migratoria.
Datos oficiales analizados por organizaciones independientes indican que durante julio fueron deportadas cerca de 34 mil personas, también uno de los niveles mensuales más elevados durante el segundo mandato de Trump. El ritmo equivaldría aproximadamente a mil 100 deportaciones diarias.
De esta manera, el aumento de las detenciones no constituye un fenómeno aislado, sino parte de una política migratoria más amplia que busca incrementar tanto los arrestos como las expulsiones de personas que las autoridades consideran sujetas a remoción.
La administración estadounidense ha destinado además mayores recursos a ICE y a otras agencias migratorias, fortaleciendo la capacidad operativa para realizar estas acciones.
Una política que genera preocupación entre organizaciones
El crecimiento de los arrestos ha provocado críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que advierten sobre las consecuencias de detener a personas sin antecedentes penales y sobre el impacto que estas operaciones tienen en las comunidades.
Uno de los principales cuestionamientos es que las detenciones ya no se concentran únicamente en personas con antecedentes criminales, sino que pueden alcanzar a migrantes con procesos administrativos, solicitudes migratorias pendientes o situaciones que requieren una revisión individual.
El cambio hacia operaciones menos visibles también genera preocupación porque, según defensores, puede dificultar el acceso inmediato a abogados y familiares.
El récord de julio confirma que la política migratoria de Trump no ha perdido intensidad, aunque sí ha cambiado su forma de ejecución.
Las casi 50 mil detenciones registradas durante un solo mes muestran la capacidad que ha adquirido ICE para ampliar sus operaciones mediante la colaboración con autoridades locales y estatales.
Para las comunidades migrantes, el panorama representa un aumento de la incertidumbre: las detenciones pueden ocurrir no solamente durante grandes redadas, sino también en interacciones cotidianas con autoridades, controles de tránsito, aeropuertos o citas migratorias.
Mientras la administración Trump mantiene su promesa de intensificar las deportaciones, las cifras de julio ofrecen una primera dimensión del alcance de esa política: 49 mil 571 personas arrestadas en un solo mes, un máximo durante su segundo mandato y un incremento de 70 por ciento respecto a febrero.
El debate ahora se centra no solamente en cuántas personas serán deportadas, sino también en quiénes están siendo detenidos, bajo qué circunstancias y cuáles son las garantías que reciben durante el proceso migratorio.
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