Rusia endurece la represión contra opositores que critican la guerra
La justicia rusa asestó un nuevo golpe a las voces críticas del Kremlin con la condena a 11 años y un mes de prisión contra Lev Shlosberg, dirigente del partido opositor Yábloko, y la confirmación de que esa formación no podrá participar en las elecciones parlamentarias de septiembre.
Ambas decisiones ocurrieron prácticamente de manera simultánea y fueron interpretadas como una nueva muestra del endurecimiento de la represión contra quienes cuestionan la guerra en Ucrania.
Shlosberg, de 63 años, fue declarado culpable de desacreditar a las Fuerzas Armadas rusas y difundir información que las autoridades consideran falsa. El político ha defendido públicamente un alto al fuego y ha calificado la guerra como una catástrofe para Rusia.
Un tribunal de la región de Pskov sentenció a Shlosberg a 11 años y un mes en una colonia penal, después de considerar que sus declaraciones y publicaciones constituían delitos relacionados con la legislación rusa sobre las Fuerzas Armadas.
El dirigente de Yábloko había permanecido bajo arresto domiciliario desde junio de 2025, cuando fue detenido después de participar en un debate por videoconferencia en el que describió la guerra como un “ajedrez sangriento”. Durante el proceso sostuvo que era víctima de un juicio político y defendió su llamado a detener las hostilidades.
La sentencia representa uno de los castigos más severos contra un político opositor que ha permanecido dentro de Rusia y que ha expresado abiertamente su rechazo a la invasión de Ucrania.
El caso de Shlosberg tampoco es aislado. Otro dirigente de Yábloko, Maksim Kruglov, fue condenado en junio a siete años de prisión después de ser acusado de difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas.
Yábloko queda fuera de las elecciones de septiembre
En paralelo, el Tribunal Supremo de Rusia confirmó la exclusión de Yábloko de las elecciones parlamentarias previstas para septiembre, después de rechazar el recurso presentado por la organización.
Yábloko es actualmente el único partido registrado en Rusia que mantiene una postura abiertamente contraria a la guerra en Ucrania. La formación, fundada en 1993, defiende el fin de las hostilidades y una salida negociada al conflicto.
La exclusión se produjo después de que el partido nacionalista Ródina presentara una demanda contra Yábloko. Entre los argumentos utilizados estuvieron presuntas irregularidades relacionadas con la campaña y acusaciones de financiamiento extranjero, señalamientos que la organización opositora rechaza.
El Supremo mantuvo así una decisión que previamente había dejado a Yábloko fuera de la contienda electoral, pese a que la Comisión Electoral Central había aprobado inicialmente su participación.
La decisión judicial provocó manifestaciones de simpatizantes de Yábloko en Moscú. De acuerdo con reportes del partido, alrededor de 60 personas fueron detenidas durante las concentraciones realizadas en apoyo a la formación.
El episodio refleja las limitaciones que enfrentan las organizaciones opositoras para manifestarse públicamente en Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.
Las autoridades rusas han utilizado desde entonces diferentes disposiciones legales para perseguir expresiones consideradas contrarias a la narrativa oficial sobre el conflicto. Las normas contra la llamada “desacreditación” del Ejército y la difusión de información que el gobierno considera falsa han sido empleadas contra periodistas, activistas, políticos y ciudadanos.
Para Yábloko, las recientes decisiones judiciales representan algo más que un conflicto electoral. La organización considera que existe un intento de silenciar cualquier alternativa política que cuestione la guerra.
Su exclusión de los comicios ocurre además en un contexto en el que distintas encuestas han registrado señales de desgaste en el respaldo social al conflicto. El líder del partido, Nikolái Rybakov, ha asegurado que la formación continuará defendiendo sus posiciones pese a no poder competir en las elecciones.
El Kremlin, por su parte, ha mantenido una postura de fuerte control sobre la oposición y los medios independientes. La presión sobre Yábloko coincide con la salida del país de numerosos opositores y activistas y con el encarcelamiento de otros que decidieron permanecer en territorio ruso.
Una oposición cada vez más limitada
La condena de Shlosberg y la exclusión electoral de Yábloko muestran dos vías distintas de un mismo proceso: la persecución judicial de los críticos y la reducción de los espacios institucionales para la oposición.
La situación adquiere especial relevancia ante las elecciones parlamentarias de septiembre, en las que Yábloko ya no podrá presentar candidatos pese a ser una de las pocas fuerzas políticas que cuestionan abiertamente la estrategia militar del gobierno.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han condenado la sentencia contra Shlosberg y consideran que castigar penalmente las expresiones contrarias a la guerra supone una vulneración de la libertad de expresión.
Mientras tanto, el partido ha anunciado que continuará recurriendo las decisiones judiciales y defendiendo su plataforma pacifista.
Los acontecimientos de esta semana refuerzan así la percepción de un espacio político cada vez más estrecho en Rusia, donde criticar públicamente la guerra puede significar enfrentar una condena de prisión, mientras que las fuerzas que promueven una alternativa pacifista encuentran mayores obstáculos para participar en la vida electoral.
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