Ángel Aguirre es vinculado a proceso por desaparición forzada en Ayotzinapa
El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas relacionado con el caso Ayotzinapa, luego de una audiencia que se prolongó durante varias horas.
El juez de control Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó elementos suficientes para establecer, en esta etapa, la existencia de un hecho posiblemente delictivo y la probable participación del exmandatario.
La decisión no representa una sentencia ni determina que Aguirre sea penalmente responsable. El proceso continuará durante los próximos meses, periodo en el que tanto la Fiscalía como la defensa podrán presentar nuevos elementos.
Como parte de la resolución, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva de oficio, por lo que el exgobernador permanecerá internado en el penal federal del Altiplano.
La defensa había planteado la posibilidad de que Aguirre enfrentara el proceso bajo una medida distinta, incluida la prisión domiciliaria, argumentando, entre otros aspectos, su edad y estado de salud.
El juez estableció además un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, que concluirá el próximo 4 de diciembre. Durante este periodo, las partes podrán fortalecer sus respectivas posiciones y aportar nuevas pruebas.
Aguirre, de 70 años, fue detenido el pasado 6 de agosto por autoridades federales y trasladado posteriormente al penal de máxima seguridad.
La acusación de la FGR: ocultamiento de videos
El eje de la acusación contra el exgobernador se encuentra en una serie de videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
De acuerdo con la FGR, dichas grabaciones pudieron contener información relevante sobre las agresiones y la detención de los normalistas aquella noche.
La Fiscalía sostiene que Aguirre habría instruido a integrantes de su gabinete y a funcionarios del Poder Judicial estatal para ocultar o destruir las grabaciones, con lo que presuntamente se habría afectado la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
La imputación se relaciona con la actuación de autoridades estatales posterior a los acontecimientos de Iguala y no implica, en esta etapa, que el exmandatario haya sido declarado culpable de la desaparición de los estudiantes.
La defensa presenta 31 pruebas
Frente a la acusación, los abogados de Aguirre presentaron 31 datos de prueba con los que buscan desacreditar la versión de la Fiscalía.
Uno de los principales argumentos se relaciona con la cronología del 29 de octubre de 2014, fecha en la que una exfuncionaria aseguró haber entregado al entonces gobernador videos obtenidos de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala.
La defensa sostiene que Aguirre no se encontraba en Guerrero en el horario señalado para esa supuesta entrega.
Durante la audiencia, Felipe Martín Ornelas Rebollo, quien se desempeñó como coordinador de Seguridad y Transporte Aéreo de Guerrero, declaró que trasladó al exgobernador a Ciudad de México ese día para una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Según su testimonio, el encuentro tuvo lugar alrededor de las 18:00 horas y concluyó poco después de las 19:00. Aguirre habría regresado posteriormente a Guerrero y llegado a Chilpancingo cerca de las 23:00 horas.
La defensa utiliza esta diferencia de horarios para cuestionar la posibilidad de que Aguirre hubiera recibido personalmente los videos en el momento señalado por la Fiscalía.
La acusación y la defensa mantienen versiones contrapuestas sobre lo ocurrido aquel día.
Por un lado, Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, declaró ante la FGR que alrededor de las 20:30 horas del 29 de octubre entregó a Aguirre los videos de dos cámaras del Palacio de Justicia.
Por otro, el testimonio presentado por la defensa ubica al exgobernador todavía en Ciudad de México durante parte de ese periodo y posteriormente viajando hacia Guerrero.
La diferencia temporal será uno de los elementos que deberán analizarse durante la investigación complementaria.
El hecho de que el juez haya vinculado a proceso a Aguirre no significa que la versión de la Fiscalía haya quedado definitivamente acreditada. La vinculación únicamente establece que existen elementos suficientes para que el proceso penal continúe.
El caso vuelve a alcanzar al gobernador de 2014
La resolución representa un nuevo giro en uno de los expedientes más relevantes y dolorosos de la historia reciente de México.
Aguirre Rivero gobernaba Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Su administración terminó semanas después de los acontecimientos, cuando presentó su renuncia a la gubernatura en medio de la presión política y social generada por el caso.
Ahora, casi 12 años después, el exmandatario enfrenta directamente un proceso penal relacionado con hechos posteriores a aquella noche. La investigación se concentra particularmente en el presunto ocultamiento o destrucción de evidencia que pudiera contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.
El caso Ayotzinapa ha atravesado distintas investigaciones y versiones oficiales desde 2014. La búsqueda de los estudiantes, la identificación de responsabilidades y el esclarecimiento de la participación de autoridades y grupos criminales continúan siendo temas centrales para las familias.
En los últimos meses, además, otras personas vinculadas con las investigaciones han enfrentado procesos relacionados con la pérdida o destrucción de material videográfico y otros elementos que podrían aportar información sobre los acontecimientos de Iguala.
La vinculación de Aguirre introduce ahora a un exgobernador en una nueva etapa judicial de la investigación y coloca bajo escrutinio las decisiones tomadas desde el gobierno estatal después de la desaparición de los normalistas.
¿Qué sigue para Ángel Aguirre?
El proceso continuará con la investigación complementaria, cuyo plazo vence el 4 de diciembre. Durante este periodo, la FGR deberá fortalecer los elementos que presentó ante el juez, mientras que la defensa buscará demostrar que el exgobernador no participó en el ocultamiento o destrucción de las grabaciones.
La vinculación a proceso no equivale a una condena. Será al avanzar el procedimiento cuando se determine si las pruebas son suficientes para acreditar la responsabilidad penal de Aguirre.
Mientras tanto, el exgobernador permanecerá en el Altiplano y el expediente de Ayotzinapa vuelve a abrir una de sus etapas más sensibles: determinar qué ocurrió con las evidencias que pudieron registrar parte de aquella noche en Iguala.
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