EE.UU. ofrece más de 100 mdd por líderes del CJNG y endurece ofensiva

El gobierno de Estados Unidos intensificó su estrategia contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al anunciar recompensas por más de 100 millones de dólares, nuevas acusaciones penales contra presuntos integrantes de su cúpula y una batería de sanciones financieras y migratorias dirigidas a debilitar la capacidad operativa, económica y política de la organización criminal.

Las medidas fueron presentadas por el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el FBI, la DEA y otras agencias federales, como parte de una estrategia integral para perseguir a quienes, según Washington, encabezan actualmente el CJNG tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», ocurrida en febrero de este año.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el objetivo no solo es capturar a los principales líderes del grupo criminal, sino también desmantelar sus redes de financiamiento, limitar su influencia política y frenar el tráfico de drogas sintéticas, particularmente de fentanilo y metanfetaminas, hacia territorio estadounidense.

Entre las recompensas anunciadas destaca la de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan Carlos Valencia González, identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales dirigentes del CJNG.

Además, el Departamento de Estado anunció recompensas que van de 2 a 15 millones de dólares por otros presuntos altos mandos, entre ellos Gonzalo Mendoza Gaytán, Julio Alberto Castillo Rodríguez, Ricardo Ruiz Velasco, Julio César Montero Pinzón y Carlos Andrés Rivera Varela. En conjunto, el monto de las recompensas supera los 100 millones de dólares, una de las mayores ofertas económicas anunciadas por Washington contra una organización criminal mexicana.

Cinco acusaciones penales y nuevas sanciones

De manera paralela, el Departamento de Justicia hizo públicas cinco acusaciones federales contra presuntos integrantes de la organización, quienes son señalados por delitos relacionados con tráfico internacional de cocaína y metanfetaminas, así como por operaciones criminales dirigidas al mercado estadounidense.

Las autoridades precisaron que ninguno de los acusados se encuentra actualmente bajo custodia de Estados Unidos; sin embargo, las órdenes judiciales permitirán fortalecer los procesos de cooperación internacional para su eventual captura y extradición.

A estas acciones se suman restricciones de visa para 65 personas presuntamente vinculadas al CJNG y sanciones económicas contra 55 empresas, personas físicas y entidades relacionadas con el presunto lavado de dinero y el financiamiento de la organización criminal.

Funcionarios estadounidenses señalaron que la nueva ofensiva busca afectar la estructura económica del CJNG, considerada una de las principales fuentes de fortaleza del grupo.

Las sanciones incluyen el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de ese país.

Asimismo, Washington aseguró que continuará investigando posibles vínculos entre integrantes del cártel y actores políticos o empresariales, como parte de una estrategia para impedir que la organización mantenga redes de protección institucional o financiera.

La ofensiva ocurre meses después de que el gobierno estadounidense designara al CJNG como organización terrorista extranjera, una decisión que amplió las herramientas legales disponibles para perseguir a sus integrantes y colaboradores.

Especialistas consideran que esta clasificación permite no solo procesar a los líderes del grupo, sino también actuar contra quienes les brinden apoyo financiero, logístico o material, incluso fuera de México.

Además de las recompensas, las autoridades estadounidenses reiteraron que mantendrán la cooperación con instituciones mexicanas para intercambiar información de inteligencia y fortalecer las investigaciones sobre las operaciones internacionales del cártel.

México, pieza clave en la cooperación bilateral

El anuncio de Washington se produce en un contexto de creciente coordinación entre ambos países en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Aunque las investigaciones y procesos penales corresponden a las autoridades estadounidenses, gran parte de las acciones dependerán de la colaboración con instituciones mexicanas para localizar y detener a los presuntos responsables.

Analistas consideran que el paquete de medidas representa uno de los mayores golpes financieros y judiciales impulsados por Estados Unidos contra el CJNG, al combinar acusaciones penales, recompensas millonarias, sanciones económicas y restricciones migratorias dentro de una misma estrategia.

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses sostienen que la prioridad será impedir que la organización conserve su capacidad para traficar drogas, lavar recursos y expandir su influencia en ambos lados de la frontera.

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