Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo por delincuencia organizada

Una jueza federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a siete personas más por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles, conocida como «huachicol fiscal». Los imputados enfrentan cargos por delincuencia organizada y contrabando, delitos considerados graves por la legislación mexicana, por lo que también se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La resolución fue emitida tras una audiencia que se prolongó por casi 40 horas mediante videoconferencia. Al concluir la diligencia, la jueza determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba suficientes para iniciar formalmente el proceso penal, sin que ello implique una sentencia condenatoria, ya que la responsabilidad de los acusados deberá resolverse durante las siguientes etapas del juicio.

¿De qué lo acusa la Fiscalía?

De acuerdo con la investigación de la FGR, Ruffo Appel habría formado parte de una organización dedicada a introducir combustible al país simulando la importación de otros productos, con el objetivo de evadir impuestos y comercializar hidrocarburos de manera ilícita.

Las autoridades sostienen que el exmandatario habría recibido aproximadamente 18 millones de pesos por su presunta participación dentro de la estructura investigada. La indagatoria relaciona a los acusados con operaciones de huachicol fiscal, una modalidad distinta al robo de combustible en ductos, ya que consiste en alterar documentos aduaneros o declarar mercancías falsas para ingresar hidrocarburos sin cubrir las contribuciones correspondientes.

Según la Fiscalía, la red habría operado mediante empresas relacionadas con la importación y almacenamiento de combustibles, utilizando documentación presuntamente irregular para introducir grandes volúmenes de hidrocarburos al territorio nacional.

El caso forma parte de una investigación más amplia iniciada por las autoridades federales contra redes dedicadas al contrabando de combustibles, considerado uno de los delitos que mayores pérdidas económicas ocasiona al Estado mexicano.

En distintos operativos realizados durante 2025 y 2026 fueron asegurados millones de litros de combustible, así como decenas de autotanques y diversa infraestructura presuntamente utilizada para almacenar y distribuir hidrocarburos introducidos ilegalmente al país.

Las autoridades consideran que estas organizaciones obtenían ganancias millonarias al evitar el pago de impuestos y comercializar el combustible por debajo de los precios del mercado formal.

Como parte de la resolución judicial, la jueza ordenó que Ernesto Ruffo Appel y varios de los coacusados permanezcan bajo prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso penal.

El exgobernador fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 «Altiplano», en el Estado de México, considerado uno de los penales de máxima seguridad del país.

La medida cautelar responde a que los delitos imputados contemplan prisión preventiva automática conforme a la legislación vigente. No obstante, ello no representa una declaración de culpabilidad, sino una disposición procesal mientras continúan las investigaciones y el desarrollo del juicio.

¿Quién es Ernesto Ruffo Appel?

Ernesto Ruffo Appel es una figura relevante en la historia política de México. En 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al ganar la gubernatura de Baja California como candidato del Partido Acción Nacional (PAN).

Posteriormente fue senador de la República y participó en diversos proyectos empresariales relacionados con actividades industriales y logísticas.

Su vinculación a proceso representa uno de los casos de mayor impacto político dentro de las investigaciones recientes sobre el combate al contrabando de combustibles.

Los abogados del exgobernador han sostenido que Ernesto Ruffo es inocente y aseguran que la Fiscalía no ha demostrado su participación en una organización criminal.

Durante la audiencia, la defensa cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y adelantó que continuará utilizando los recursos legales disponibles para impugnar las decisiones judiciales.

Asimismo, insistió en que la vinculación a proceso no constituye una sentencia, por lo que corresponderá al juicio determinar si existen elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal del exmandatario.

El combate al huachicol fiscal

En los últimos meses, el Gobierno federal ha intensificado las investigaciones contra redes dedicadas al huachicol fiscal, una modalidad que, según autoridades hacendarias y de seguridad, representa pérdidas multimillonarias para las finanzas públicas.

La FGR mantiene abiertas diversas carpetas de investigación relacionadas con empresas, operadores logísticos y presuntas organizaciones dedicadas al contrabando de combustibles.

Mientras avanza el proceso judicial, el caso de Ernesto Ruffo Appel se perfila como uno de los expedientes más relevantes en la estrategia federal contra este tipo de delitos, debido al perfil político del exgobernador y al alcance de las investigaciones que continúan en curso.

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