EU designa al Cártel de Juárez y Los Viagras como terroristas

El Gobierno de Estados Unidos amplió su estrategia contra el crimen organizado transnacional al designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT). La decisión fue oficializada por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, lo que permitirá reforzar las sanciones económicas, financieras y penales contra ambas organizaciones y cualquier persona o empresa que colabore con ellas.

Con esta determinación, Estados Unidos eleva a ocho el número de grupos criminales mexicanos catalogados bajo el régimen antiterrorista. Las autoridades estadounidenses sostienen que ambos cárteles cumplen con los criterios establecidos por la legislación federal al representar una amenaza para la seguridad nacional, los ciudadanos estadounidenses y la política exterior del país.

La clasificación como Organización Terrorista Extranjera otorga al Gobierno estadounidense mayores herramientas legales para combatir a estas organizaciones.

Entre las principales consecuencias se encuentra el congelamiento inmediato de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, la prohibición de realizar transacciones financieras con integrantes o colaboradores de los grupos y la posibilidad de imponer sanciones penales a quienes les proporcionen apoyo material o recursos. Además, facilita la cooperación entre agencias de inteligencia y seguridad para rastrear operaciones internacionales de lavado de dinero y tráfico de drogas.

Funcionarios estadounidenses señalaron que el objetivo es afectar la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales mediante acciones que trasciendan el ámbito del combate armado.

¿Quiénes son los grupos designados?

El Cártel de Juárez es una de las organizaciones criminales más antiguas de México y mantiene operaciones principalmente en Chihuahua, especialmente en la frontera con Ciudad Juárez, una zona estratégica para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, además del narcotráfico, el grupo ha sido vinculado con trata de personas, secuestro, extorsión, homicidios y tráfico de migrantes.

Por su parte, Los Viagras, con presencia principalmente en Michoacán, son señalados por actividades relacionadas con la producción y distribución de metanfetaminas, extorsión a productores agrícolas, secuestros y enfrentamientos con organizaciones rivales por el control territorial. Las investigaciones estadounidenses también los vinculan con redes internacionales de tráfico de drogas sintéticas.

Tras darse a conocer la decisión, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la medida forma parte de una estrategia conjunta entre ambos países para combatir a las organizaciones criminales.

El diplomático aseguró que la cooperación bilateral ha permitido desarticular estructuras del llamado «narcoterrorismo», destacando el intercambio de inteligencia, operativos coordinados y acciones para debilitar las finanzas de los grupos delictivos.

Johnson reiteró que Washington mantiene comunicación permanente con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el propósito de fortalecer la seguridad en la región y combatir el tráfico de drogas, armas y personas.

Una estrategia que comenzó en 2025

La incorporación del Cártel de Juárez y Los Viagras se suma a las designaciones realizadas previamente por Estados Unidos contra otros grupos criminales mexicanos, entre ellos el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

La política fue impulsada por la administración estadounidense con el argumento de que estas organizaciones no solo participan en el narcotráfico, sino que emplean métodos de violencia sistemática que afectan tanto a México como a Estados Unidos.

Especialistas en derecho internacional señalan que la designación también tiene implicaciones para instituciones financieras, empresas y ciudadanos estadounidenses, quienes deberán extremar precauciones para evitar cualquier relación económica o comercial con personas o entidades vinculadas a los grupos sancionados.

El incumplimiento de estas restricciones puede derivar en multas, sanciones administrativas e incluso procesos penales, ya que la legislación estadounidense prohíbe brindar apoyo material a organizaciones catalogadas como terroristas.

Persisten los retos de la cooperación bilateral

La decisión llega en un momento en que México y Estados Unidos mantienen una estrecha coordinación en materia de seguridad, aunque también enfrentan diferencias sobre el alcance de las acciones unilaterales de Washington contra organizaciones criminales mexicanas.

Analistas consideran que la nueva designación incrementará la presión financiera sobre ambos grupos, pero advierten que el combate al crimen organizado también requiere fortalecer las instituciones de justicia, combatir la corrupción y mantener la cooperación binacional para reducir la violencia y las redes internacionales de tráfico ilícito.

Con esta medida, Estados Unidos consolida una estrategia que busca utilizar herramientas propias de la legislación antiterrorista para enfrentar a organizaciones criminales transnacionales cuya influencia se extiende más allá de las fronteras mexicanas.

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