México emprende ofensiva legal por muertes de migrantes bajo custodia de ICE
El Gobierno de México anunció una ofensiva jurídica sin precedentes en Estados Unidos para exigir justicia por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos que fallecieron bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La estrategia contempla acciones penales y civiles, además de la intervención de organismos internacionales de derechos humanos, en respuesta a lo que las autoridades mexicanas consideran una serie de hechos que deben investigarse a fondo.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que las denuncias serán presentadas ante fiscalías estadounidenses y que también se impulsarán procedimientos contra empresas privadas encargadas de operar centros de detención migratoria, al considerar que existen indicios de negligencia, falta de atención médica y posibles violaciones a los derechos humanos de los connacionales fallecidos.
Diecisiete mexicanos fallecidos en 2026
De acuerdo con cifras dadas a conocer por el Gobierno federal, 17 mexicanos han perdido la vida en hechos relacionados con el ICE durante 2026. De ellos, 14 murieron mientras permanecían bajo custodia en centros de detención, mientras que tres fallecieron durante operativos migratorios. Entre los casos más recientes se encuentra el de Lorenzo Salgado Araujo, quien murió tras recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo en Houston, Texas. La Fiscalía del condado de Harris mantiene abierta una investigación sobre ese caso.
Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha documentado que al menos seis de los fallecimientos registrados en centros de detención presentan señalamientos por presunta desatención médica, situación que también forma parte de las acciones legales que promoverá México.
El Gobierno mexicano precisó que las acciones legales tendrán dos vertientes. La primera consistirá en denuncias penales para que las autoridades estadounidenses determinen si existieron conductas delictivas por parte de agentes o funcionarios relacionados con las muertes.
La segunda será una vía civil dirigida contra empresas privadas que administran diversos centros de detención migratoria, por posibles negligencias en la prestación de servicios médicos, condiciones de internamiento y protocolos de atención a las personas migrantes.
Además, México solicitó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el propósito de dar seguimiento internacional a los casos y reforzar la protección de los derechos fundamentales de los migrantes.
Sheinbaum llama a una respuesta de Estado
Durante su conferencia matutina, la presidenta sostuvo que las acciones emprendidas no buscan deteriorar la relación bilateral con Estados Unidos, sino garantizar que los casos sean investigados conforme a derecho.
La mandataria hizo un llamado a todas las fuerzas políticas mexicanas para respaldar la defensa de los connacionales y afirmó que ninguna persona debe perder la vida por su condición migratoria ni ser víctima de malos tratos durante procesos de detención.
El canciller Roberto Velasco notificó formalmente al embajador estadounidense en México sobre las medidas que serán promovidas, reiterando la exigencia de transparencia y rendición de cuentas en cada uno de los expedientes.
Las muertes registradas han reavivado las críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos respecto a las condiciones en algunos centros de detención migratoria de Estados Unidos.
Diversos organismos han señalado durante los últimos años problemas relacionados con atención médica insuficiente, retrasos en tratamientos, sobrepoblación y falta de supervisión, aspectos que ahora forman parte de las investigaciones impulsadas por las autoridades mexicanas.
En varios de los casos documentados, familiares de las víctimas han denunciado que los migrantes solicitaron atención médica antes de fallecer o cuestionan las versiones oficiales sobre las circunstancias de sus muertes.
La defensa de los migrantes entra en una nueva etapa
La estrategia anunciada representa una de las respuestas diplomáticas y jurídicas más firmes del Gobierno mexicano frente a la política migratoria de Estados Unidos durante la actual administración de Donald Trump.
Especialistas consideran que el desarrollo de estos procedimientos podría convertirse en un referente para futuros casos relacionados con violaciones a derechos humanos de personas migrantes, al tiempo que pondrá a prueba los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mexicanas reiteraron que darán seguimiento a cada expediente y acompañarán a las familias de las víctimas en la búsqueda de justicia, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de los fallecimientos y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
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