Corte Suprema frena intento de Trump contra ciudadanía por nacimiento
La Corte Suprema de Estados Unidos asestó uno de los mayores reveses judiciales a la política migratoria del presidente Donald Trump al declarar inconstitucional su intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados o de personas con estatus migratorio temporal.
Con una votación de 6 votos contra 3, el máximo tribunal reafirmó que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense protege el derecho a la ciudadanía de prácticamente toda persona nacida en territorio estadounidense, independientemente de la situación migratoria de sus padres. La resolución mantiene vigente un principio constitucional con más de 150 años de historia y representa una derrota para una de las principales promesas de la agenda antimigrante de Trump.
La decisión responde a una serie de demandas promovidas por organizaciones civiles, estados gobernados por demócratas y familias migrantes, quienes argumentaron que la orden ejecutiva firmada por Trump vulneraba derechos constitucionales ampliamente reconocidos por la jurisprudencia estadounidense.
Desde el inicio de su segundo mandato, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para impedir que los hijos de personas en situación migratoria irregular o con visas temporales obtuvieran automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer.
La Casa Blanca sostenía que la Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil, había sido interpretada de manera demasiado amplia durante décadas y que el beneficio no debía extenderse a quienes no tuvieran residencia permanente o ciudadanía. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó ese argumento y recordó que el precedente establecido desde 1898, en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, garantiza ese derecho constitucional.
La resolución fue respaldada por el presidente de la Corte, John Roberts, junto con las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson y los magistrados conservadores Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh, quien emitió un voto concurrente con argumentos distintos.
En contraste, los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch votaron en contra, al considerar que la interpretación constitucional debía revisarse.
El fallo es especialmente significativo porque dos jueces nombrados por el propio Trump, Barrett y Kavanaugh, se sumaron a la mayoría que rechazó la orden ejecutiva, debilitando uno de los pilares de su estrategia migratoria.
¿Qué cambia para los migrantes?
Con esta resolución, nada cambia para los nacimientos en territorio estadounidense: los hijos nacidos en Estados Unidos seguirán adquiriendo automáticamente la ciudadanía, sin importar si sus padres son ciudadanos, residentes permanentes, solicitantes de asilo, portadores de visas temporales o inmigrantes indocumentados.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes celebraron el fallo al considerar que brinda certeza jurídica a cientos de miles de familias que enfrentaban incertidumbre sobre el futuro legal de sus hijos.
Diversos especialistas señalaron que una decisión distinta habría dejado a miles de menores en riesgo de convertirse en personas sin nacionalidad o con serias dificultades para acceder a derechos básicos como educación, salud o documentos de identidad.
Tras conocerse la sentencia, Donald Trump criticó la resolución y adelantó que buscará nuevas vías para modificar la legislación migratoria.
El mandatario insistió en que la ciudadanía por nacimiento incentiva la migración irregular y reiteró su intención de promover una reforma constitucional o una nueva legislación en el Congreso para restringir ese derecho, aunque especialistas consideran que esa posibilidad enfrenta enormes obstáculos políticos y jurídicos.
Modificar la Decimocuarta Enmienda requeriría una reforma constitucional aprobada por una mayoría calificada del Congreso y posteriormente ratificada por tres cuartas partes de los estados, un escenario considerado poco probable en el actual contexto político estadounidense.
La decisión de la Corte Suprema no solo representa una derrota para la administración Trump, sino que también reafirma uno de los principios fundamentales del derecho constitucional estadounidense.
El fallo fortalece la interpretación tradicional de la Decimocuarta Enmienda y envía un mensaje sobre los límites del Poder Ejecutivo para modificar derechos establecidos por la Constitución mediante decretos presidenciales.
Aunque la resolución supone un freno importante a la agenda migratoria de Trump, expertos coinciden en que el debate sobre inmigración continuará ocupando un lugar central en la política estadounidense, especialmente rumbo a las próximas discusiones legislativas sobre seguridad fronteriza, deportaciones y reforma migratoria integral.
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