

México recuperará 578.5 millones de dólares ligados a García Luna
Un tribunal de Estados Unidos ordenó el pago de más de 578 millones de dólares al Gobierno de México como parte de un proceso civil relacionado con una red de corrupción y lavado de dinero presuntamente encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La resolución judicial representa uno de los mayores fallos económicos vinculados a corrupción mexicana dictados por cortes estadounidenses.
La sentencia fue emitida por una corte en Miami, Florida, contra empresarios y presuntos prestanombres ligados a García Luna, quienes habrían participado en un esquema de desvío de recursos públicos durante el sexenio de Felipe Calderón.
El fallo obliga a los acusados a devolver al Estado mexicano cientos de millones de dólares obtenidos presuntamente mediante contratos irregulares, triangulación financiera y operaciones de lavado de dinero realizadas entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la demanda civil presentada en Florida permitió rastrear una compleja red de empresas fantasma y operaciones financieras utilizadas para mover recursos ilícitos hacia territorio estadounidense.
Las autoridades mexicanas sostienen que García Luna y sus colaboradores habrían obtenido contratos públicos mediante corrupción y posteriormente utilizaron compañías fachada para adquirir propiedades, cuentas bancarias y bienes de lujo en Estados Unidos.
Según la sentencia, varios de los involucrados no respondieron adecuadamente al proceso judicial, lo que derivó en resoluciones por incumplimiento y sanciones económicas multimillonarias.
El caso García Luna sigue creciendo
Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón y actualmente cumple condena en Estados Unidos tras ser declarado culpable por narcotráfico, delincuencia organizada y vínculos con el Cártel de Sinaloa.
En febrero de 2023, un jurado federal en Nueva York determinó que García Luna recibió millonarios sobornos del crimen organizado a cambio de brindar protección institucional al cártel mientras encabezaba la estrategia de seguridad mexicana.
Desde entonces, tanto autoridades mexicanas como estadounidenses ampliaron investigaciones financieras relacionadas con propiedades, empresas y movimientos bancarios asociados al exfuncionario y su círculo cercano.
La Unidad de Inteligencia Financiera calificó la sentencia como un “avance histórico” en el combate a la corrupción y destacó la colaboración entre autoridades de ambos países para rastrear recursos presuntamente desviados del erario mexicano.
El Gobierno federal afirmó que continuará impulsando procesos judiciales para recuperar activos vinculados a corrupción, lavado de dinero y crimen organizado. También se analizan nuevos procedimientos contra personas y empresas relacionadas con la red financiera de García Luna.
Un golpe simbólico y financiero
Aunque el monto aún deberá pasar por procedimientos de ejecución y recuperación efectiva de activos, la resolución representa un golpe político y financiero relevante para uno de los casos de corrupción más emblemáticos de las últimas décadas en México.
Especialistas consideran que el fallo fortalece el discurso gubernamental sobre combate a la corrupción y evidencia el alcance internacional que alcanzaron las redes financieras ligadas a exfuncionarios mexicanos.
Además, el caso mantiene presión política sobre figuras relacionadas con la estrategia de seguridad implementada durante el sexenio de Felipe Calderón, periodo marcado por la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mexicanas buscan ahora asegurar que los recursos ordenados por la corte estadounidense puedan ser recuperados y eventualmente reintegrados al Estado mexicano.
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