Investigan sacrificio de 10 mil perros en Tecámac, Edomex

Una fuerte polémica nacional se desató tras revelarse que durante una administración municipal en Tecámac, Estado de México, fueron sacrificados alrededor de 10 mil perros en situación de calle, lo que ha generado indignación social y el inicio de una investigación por presunto maltrato animal.

El caso salió a la luz luego de la difusión de un video en redes sociales en el que la entonces alcaldesa, Mariela Gutiérrez, reconoce las acciones realizadas durante su gestión (2019-2024). En sus declaraciones, defendió que las decisiones se tomaron bajo protocolos legales, con el objetivo de controlar la sobrepoblación canina y reducir riesgos sanitarios, asegurando que se buscó evitar el sufrimiento de los animales.

Sin embargo, organizaciones animalistas y sectores de la sociedad han cuestionado la legalidad y ética de estas prácticas, al considerar que el sacrificio masivo podría constituir actos de crueldad y violaciones a normas de bienestar animal, las cuales permiten la eutanasia únicamente bajo condiciones estrictas, como enfermedad terminal o riesgo comprobado.

Ante la controversia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que abrió una investigación de oficio para determinar si existieron irregularidades, negligencia o maltrato animal en estos hechos.

El gobierno municipal actual también solicitó esclarecer las condiciones en las que se llevaron a cabo los sacrificios, así como verificar si se cumplieron los protocolos sanitarios y veterinarios establecidos por la ley.

Especialistas en protección animal han señalado que el problema de los perros en situación de calle en México es estructural. De acuerdo con estimaciones, millones de animales viven en abandono, lo que ha llevado a algunas autoridades a implementar medidas controvertidas. No obstante, subrayan que existen alternativas como campañas de esterilización, adopción y educación, consideradas más efectivas y éticas a largo plazo.

El caso ha reavivado el debate sobre el papel de los gobiernos locales en la gestión de la fauna urbana y los límites de las políticas públicas en materia de control animal. Activistas han exigido sanciones en caso de comprobarse irregularidades, así como la implementación de políticas integrales que prioricen el bienestar animal.

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