México abre paso al fracking y reconfigura su estrategia energética

El Gobierno de México confirmó oficialmente un giro de fondo en su política energética al anunciar que impulsará la extracción de gas natural en yacimientos no convencionales, una decisión que en términos técnicos significa abrir paso al fracking o fracturación hidráulica, método que durante años fue rechazado por su impacto ambiental y por las posturas históricas de la llamada Cuarta Transformación. La medida fue presentada como parte de una nueva estrategia de soberanía energética, orientada a reducir la dependencia del gas importado desde Estados Unidos, país del que actualmente proviene cerca del 75% del consumo nacional.

Durante la presentación del plan energético federal, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que México necesita fortalecer su producción interna ante un escenario internacional marcado por volatilidad energética, conflictos geopolíticos y crecimiento de la demanda industrial. La mandataria explicó que el objetivo es elevar la producción nacional de gas natural de 2 mil 300 millones de pies cúbicos diarios a 5 mil 800 millones hacia 2035, lo que representaría un aumento superior al 150% en poco más de una década.

Aunque el Gobierno evitó inicialmente usar de forma abierta el término fracking, el proyecto contempla la explotación de lutitas o shale gas, recurso que solo puede desarrollarse comercialmente mediante fracturación hidráulica. El plan será encabezado por Petróleos Mexicanos, que identificó reservas estratégicas en el norte del país y en regiones del Golfo de México, con potencial para comenzar producción relevante a partir de 2027.

Como parte del anuncio, el Ejecutivo federal informó que se integrará un comité científico especializado con expertos en geología, agua, medio ambiente y extracción sustentable, cuya tarea será evaluar en un plazo de dos meses las condiciones técnicas bajo las cuales podría desarrollarse esta explotación. Entre las alternativas mencionadas están el uso de agua salina o reutilizada, así como tecnologías con menor carga química, en un intento por reducir el costo ambiental que históricamente ha acompañado al fracking.

La decisión representa también una ruptura política importante: tanto Andrés Manuel López Obrador como la propia Sheinbaum habían manifestado en campañas anteriores su rechazo a esta técnica, principalmente por el alto consumo de agua y el riesgo de contaminación de acuíferos. Organizaciones ambientalistas advierten que varios de los posibles yacimientos se ubican en entidades con estrés hídrico severo, como Puebla, Veracruz y Coahuila, donde cualquier expansión industrial exigirá controles ambientales mucho más estrictos.

Especialistas del sector energético subrayan que el verdadero desafío no será únicamente técnico, sino financiero: para alcanzar autosuficiencia parcial en gas se requerirían entre 3 mil y 3 mil 500 pozos nuevos, con inversiones estimadas de hasta 45 mil millones de dólares en la próxima década. Además, la infraestructura actual de Pemex no sería suficiente sin algún grado de colaboración privada, tema que vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre participación empresarial en hidrocarburos.

El nuevo plan llega en un contexto donde México enfrenta crecimiento acelerado de demanda por nuevas plantas eléctricas, polos industriales y producción de fertilizantes. Para el Gobierno, asegurar gas nacional se ha convertido en una variable estratégica; para críticos ambientales, el anuncio abre una discusión profunda sobre hasta dónde puede llegar la soberanía energética sin comprometer agua, territorio y sustentabilidad.

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