Supremo de EU revisa ciudadanía por nacimiento y abre debate histórico

La Supreme Court of the United States inició el análisis de uno de los casos más delicados en materia migratoria y constitucional de los últimos años: la revisión de la ciudadanía por nacimiento, principio protegido por la Enmienda 14 desde 1868 y que garantiza que toda persona nacida en territorio estadounidense adquiere automáticamente nacionalidad, salvo excepciones muy específicas. La discusión surge a partir de la orden ejecutiva impulsada por Donald Trump para restringir ese derecho a hijos de padres en condición migratoria irregular o con visas temporales.

Durante la audiencia, varios magistrados —incluidos jueces conservadores— mostraron escepticismo frente a la postura del gobierno, particularmente sobre la interpretación del concepto constitucional “subject to the jurisdiction thereof” (“sujeto a su jurisdicción”), argumento central de la administración Trump para sostener que no todos los nacidos en suelo estadounidense deben recibir ciudadanía automática. El presidente de la Corte, John Roberts, cuestionó directamente la viabilidad jurídica de alterar una práctica consolidada por más de un siglo, mientras jueces como Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch exploraron si el tema podría resolverse por vía legislativa y no únicamente constitucional.

El caso tiene como antecedente clave el fallo United States v. Wong Kim Ark, emitido en 1898, que confirmó que los hijos nacidos en Estados Unidos de padres extranjeros también son ciudadanos estadounidenses. Esa jurisprudencia ha sido la base legal del modelo actual y se encuentra además codificada en la legislación migratoria federal.

Para miles de familias mexicanas, el caso es especialmente sensible. Si la Corte validara parcialmente la orden ejecutiva, los hijos nacidos en territorio estadounidense de padres mexicanos sin residencia permanente podrían enfrentar nuevas barreras administrativas para obtener ciudadanía, pasaporte y documentos oficiales. Sin embargo, hasta ahora la orden ejecutiva permanece suspendida por fallos previos de tribunales federales, por lo que la ciudadanía por nacimiento sigue vigente mientras no exista sentencia definitiva.

Organizaciones como la American Civil Liberties Union advirtieron que modificar este criterio abriría la puerta a la creación de una generación de menores nacidos en Estados Unidos pero sin nacionalidad clara, lo que alteraría profundamente el sistema migratorio y social estadounidense. Afuera del tribunal también se realizaron manifestaciones de apoyo al mantenimiento del derecho constitucional.

Se espera que la resolución final sea emitida en verano. Especialistas consideran que, aunque la mayoría de ministros parece inclinada a conservar el principio constitucional, el fallo podría incluir matices que redefinan el margen de acción presidencial o legislativa sobre ciudadanía e inmigración.

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