Procesan a menor por feminicidio de dos maestras en Michoacán

El juez especializado en justicia penal para adolescentes vinculó a proceso al estudiante de 15 años acusado del asesinato de dos maestras en la preparatoria privada Antón Makárenko, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, en un caso que ha provocado conmoción nacional por la violencia del ataque y por el debate jurídico que abre sobre la responsabilidad penal de menores en delitos de alto impacto. La resolución judicial determinó que existen elementos suficientes para investigar formalmente al adolescente por el delito de feminicidio, luego de la muerte de Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez, ambas docentes del plantel.

La audiencia se realizó en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes en Morelia, donde el menor compareció acompañado de su defensora de oficio y de su madre. El juez ordenó además un mes de investigación complementaria y mantuvo como medida cautelar el internamiento preventivo, por lo que el adolescente continuará bajo resguardo mientras la Fiscalía de Michoacán integra nuevos elementos a la carpeta de investigación.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de marzo, cuando el estudiante ingresó armado al centro educativo y disparó contra las dos profesoras dentro de las instalaciones escolares. De acuerdo con las investigaciones preliminares, utilizó un fusil tipo AR-15, arma de uso exclusivo de fuerzas armadas cuya procedencia aún es materia de indagatoria. Autoridades ministeriales también investigan el delito de portación ilegal de arma de fuego, debido a que el adolescente fue detenido en posesión del rifle tras el ataque.

Las primeras líneas de investigación indican que el agresor habría publicado previamente en redes sociales imágenes y mensajes relacionados con violencia extrema, material que ahora forma parte del análisis pericial digital. La Fiscalía estatal revisa además el entorno familiar, el acceso al arma y posibles antecedentes de conducta violenta para determinar si existieron señales previas que no fueron detectadas.

El caso ha generado una fuerte discusión pública porque, al tratarse de un menor de edad, la legislación mexicana establece límites específicos en sanciones penales. Bajo el sistema de justicia para adolescentes, la pena máxima de internamiento puede alcanzar cinco años en casos graves, aunque diversos sectores han pedido revisar el marco legal ante delitos de esta magnitud.

Familiares de las víctimas han exigido justicia plena y el esclarecimiento total del caso, especialmente sobre el origen del arma y el posible móvil del crimen. Especialistas en seguridad y educación advierten que el caso reabre el debate sobre violencia escolar, salud mental juvenil y control de armas en entornos familiares.

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