Más de 3 mil personas obtienen libertad con amnistía en Venezuela

La aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática ha marcado un punto de inflexión en la crisis política venezolana, con la liberación de miles de personas detenidas por motivos políticos; sin embargo, la medida también ha desatado controversia, críticas y cuestionamientos internacionales sobre su alcance real.

De acuerdo con información difundida por distintos medios, el gobierno encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez promovió esta iniciativa como parte de un intento por “reconciliar al país” y “restablecer la convivencia” tras años de confrontación política. La legislación, aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de febrero de 2026, contempla la extinción de procesos judiciales, eliminación de antecedentes penales y liberación de detenidos vinculados a hechos políticos desde 1999.

Diversas cifras reflejan la magnitud del proceso. Por un lado, autoridades aseguran que más de 2 mil personas han sido liberadas o beneficiadas con medidas judiciales; por otro, organizaciones como Foro Penal reportan cifras más conservadoras, aunque coinciden en que el número de excarcelaciones ha aumentado de forma significativa en las últimas semanas.

Sin embargo, el optimismo inicial ha sido matizado por fuertes críticas de la oposición y organismos de derechos humanos, que denuncian que la amnistía no es total ni transparente. De acuerdo con activistas y familiares de detenidos, la ley excluye a cientos de presos políticos, incluidos militares acusados de rebelión y personas vinculadas a supuestos delitos graves, lo que limita su impacto real.

Además, algunos beneficiarios continúan bajo restricciones judiciales, como presentarse periódicamente ante autoridades o evitar declaraciones públicas, lo que ha llevado a calificar el proceso como una “liberación parcial” o “puerta giratoria”.

La oposición venezolana ha insistido en que una verdadera amnistía debe ser “integral y sin excepciones”, y advierte que la actual legislación podría convertirse en un mecanismo selectivo más que en una solución de fondo al conflicto político.

A nivel internacional, el proceso es visto como un avance relevante, pero insuficiente. Analistas coinciden en que la liberación de presos políticos puede ser un primer paso hacia la distensión, aunque subrayan que la reconciliación requerirá garantías judiciales, reparación a víctimas y el fin de la persecución política.

En ese contexto, la Ley de Amnistía abre una nueva etapa para Venezuela, pero también deja en evidencia que el país enfrenta aún retos profundos en materia de derechos humanos, justicia y democracia, cuya resolución dependerá de la aplicación real y transparente de estas medidas en los próximos meses.

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