Autoridades mexicanas destaparon una red de venta ilegal de actas de nacimiento y de matrimonio dirigida principalmente a personas migrantes, que habría operado de forma irregular desde 2013 y que ahora es objeto de investigaciones en Chiapas y otras entidades del país. El comercio de documentos oficiales, ofrecidos como una vía para obtener identidad legal sin los trámites correspondientes, representa un problema grave que afecta la seguridad jurídica, la integridad de los registros civiles y la protección de derechos humanos de personas en movilidad.
La investigación, encabezada por autoridades estatales en coordinación con instancias federales, surgió tras denuncias ciudadanas y reportes de inconsistencias administrativas en diversas oficinas del Registro Civil. De acuerdo con fuentes oficiales, los documentos falsificados o tramitados de forma fraudulenta se ofrecían a migrantes que buscaban regularizar su situación en México o contar con identidades aparentes para otros fines, incluso fuera del país.
Modus operandi de la red
Según el avance de las indagatorias, comerciantes y gestores irregulares contactaban a personas migrantes, principalmente en zonas fronterizas y centros de tránsito y les ofrecían actas de nacimiento y de matrimonio a cambio de pagos en efectivo que oscilaban entre varios miles de pesos mexicanos. Estos trámites, en teoría, simplificaban el acceso a servicios básicos, educación, atención médica o incluso empleo, aunque muchas veces se trataba de falsificaciones o de documentos generados sin cumplir los requisitos legales.
Las actas, una vez obtenidas por compradores, eran presentadas ante autoridades o instituciones públicas como si fuesen legítimas, lo que además de vulnerar la ley pone en riesgo a quienes las usan, pues pueden enfrentar cargos por uso de documentos oficiales falsos o caer en esquemas de extorsión. Autoridades señalaron que la operación de esta red desvirtúa el valor de los registros civiles y mina la confianza en los sistemas de identificación del Estado mexicano.
El gobierno de Chiapas, donde se han detectado numerosos casos, ha informado que ha iniciado procedimientos administrativos y penales en contra de servidores públicos y gestores que pudieron haber participado o facilitado el esquema. Además, se han intervenido oficinas del Registro Civil para auditar expedientes, verificar firmas, sellos y cotejar la veracidad de documentos asociados a migrantes y ciudadanos.
Autoridades también han señalado que la investigación podría extenderse a otros estados del sur y el centro del país, dado que migrantes que transitan hacia el norte o se asientan en distintas regiones han sido víctimas de esta práctica. El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Gobernación (Segob) colaboran en la detección de posibles coyotes documentales y la capacitación de personal para identificar documentos fraudulentos.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que la venta de documentos falsos es un riesgo para los migrantes, pues puede exponerlos a persecución penal o deportación, además de crear falsas expectativas sobre la posibilidad de permanecer legalmente en México. Asimismo, han demandado mayores mecanismos de protección y acceso legal a trámites migratorios e identificación oficial para personas en movilidad, de modo que no tengan que recurrir a alternativas irregulares.
Expertos en seguridad y legislación civil señalan que este tipo de redes surgen “cuando hay una brecha entre la demanda de documentos oficiales y las posibilidades reales de obtenerlos legalmente”, y que la única forma de combatirlas es fortalecer los registros oficiales, la transparencia y los mecanismos de control interno en las oficinas públicas.
Como parte de la respuesta, las autoridades han implementado auditorías electrónicas de actas, códigos QR de verificación y herramientas tecnológicas para facilitar la validación de documentos, además de campañas de difusión dirigidas a migrantes y población en general sobre los peligros legales de adquirir documentos falsos. Estas estrategias buscan restaurar la confianza en los procesos civiles y garantizar que quienes requieran un acta lo hagan por los canales legales autorizados.
Mientras continúa la investigación y se esperan detenciones adicionales y posibles sanciones administrativas, el caso pone de relieve la complejidad de luchar contra las redes de falsificación y tráfico de documentos oficiales, así como la necesidad de impulsar políticas públicas más humanitarias que reduzcan las vulnerabilidades de poblaciones migrantes y otros grupos en situación de riesgo.
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