Diputados aprueban reforma que prohíbe tarjetas no solicitadas sin consentimiento

Con 467 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles una reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros que prohíbe a entidades financieras emitir tarjetas de crédito o débito sin el consentimiento expreso del usuario. La minuta fue remitida al Senado de la República para su discusión y eventual aprobación.

La iniciativa, impulsada por el diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena) y considerada de “urgente resolución”, incluye modificaciones para que en los formularios de contratación se acredite el consentimiento del usuario antes de cobrar comisiones, anualidades o cargos. Asimismo, adiciona artículos para garantizar que las tarjetas puedan ser canceladas por vía presencial, telefónica o digital, sin costo alguno y dentro de cinco días hábiles.

Principales modificaciones

La reforma contempla siete nuevas disposiciones, entre ellas:

• Prohibición de la emisión de tarjetas sin solicitud del usuario (Artículo 18 Bis 12).
• Cancelación de tarjetas con botón visible en apps o banca en línea 24/7, sin cargos ni penalizaciones.
• Obligación de las entidades de informar de forma clara y veraz sobre comisiones, costos y consecuencias antes de generar cargos.
• Establecimiento de sanciones para emisores que incumplan las nuevas reglas y fiscalización por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Según datos citados por el legislador, cerca de 40 millones de mexicanos tienen tarjeta de débito o crédito. Aun así, muchas personas reciben plásticos sin solicitarlos, incurriendo luego en anualidades o recargos y terminando reportados ante sociedades crediticias.

La legislación busca poner fin a prácticas abusivas:

“Se trata de proteger al usuario que recibe una tarjeta que no pidió y luego es sujeto de cargos”, comentó Monreal.

Los partidos opositores, como el Partido Acción Nacional (PAN), respaldaron la iniciativa aunque pidieron fortalecer los mecanismos para limitar intereses excesivos, argumentando que la protección del usuario financiero debe ir más allá de lo legal a lo estructural.

La aprobación representa un avance importante en el ámbito de la protección financiera del consumidor en México. Si el Senado la ratifica, los usuarios dejarán de enfrentar la emisión involuntaria de tarjetas, cobros no autorizados y cargos sin el pleno conocimiento de sus alcances.

También se simplificará la cancelación a través de medios digitales, alineándose con mejores prácticas internacionales.

Sin embargo, especialistas advierten que la implementación efectiva será clave: la vigilancia por parte de la CONDUSEF y PROFECO, así como la actualización de contratos de adhesión y sistemas bancarios, determinará si la norma logra reducir el abuso o simplemente se convierte en letra muerta.

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