El derrame de hidrocarburos que afecta desde hace semanas al Golfo de México se convirtió en un nuevo foco de presión política y ambiental para el gobierno federal y para Petróleos Mexicanos, luego de que organizaciones civiles y especialistas presentaran evidencia que apunta a que el origen del vertido podría estar en un ducto marino de Pemex en la zona de Cantarell, y no en una embarcación privada ni en emanaciones naturales, como sostuvo inicialmente la versión oficial. La controversia escaló después de la difusión de imágenes satelitales y reportes técnicos que ubican actividad de reparación en un punto específico del ducto Old Ak C desde febrero.
De acuerdo con organizaciones como Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Alianza Mexicana contra el Fracking, el buque especializado Árbol Grande, utilizado para reparación de ductos submarinos, permaneció anclado durante varios días en febrero sobre esa infraestructura petrolera activa, justo en el área donde posteriormente se detectó una mancha de hidrocarburo de gran extensión. Las organizaciones sostienen que esta coincidencia técnica debió haber activado alertas tempranas y una comunicación pública inmediata.
La mancha contaminante ha alcanzado más de 600 kilómetros de litoral, con afectaciones en costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, impactando manglares, esteros, playas, fauna marina y actividades pesqueras locales. Autoridades ambientales han reconocido presencia de contaminación en varias áreas naturales protegidas, mientras brigadas federales mantienen barreras de contención, limpieza manual y monitoreo marítimo permanente.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que se realiza una revisión integral de instalaciones petroleras marinas para descartar fugas y confirmar el origen definitivo del derrame. Sin embargo, insistió en que hasta ahora no existe una conclusión oficial definitiva y señaló que también se investiga la posibilidad de filtraciones naturales en la zona de chapopoteras del Golfo.
Mientras tanto, pescadores y comunidades costeras han denunciado daños económicos crecientes por la caída en capturas y restricciones de navegación. En varias playas se han reportado restos de hidrocarburo adheridos a arena, vegetación y fauna marina, incluyendo tortugas y aves afectadas por residuos aceitosos. Organismos internacionales y especialistas advierten que, aunque parte del hidrocarburo sea retirado superficialmente, el impacto ecológico puede prolongarse durante meses por infiltración en ecosistemas costeros.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ya presentó una denuncia penal para determinar responsabilidades ambientales, mientras continúa la inspección de ductos, buques y registros operativos de la zona. El caso reabre el debate sobre mantenimiento de infraestructura petrolera marina, protocolos de transparencia y capacidad de respuesta ante emergencias ambientales en el Golfo
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