El derrame de petróleo identificado a inicios de marzo en las costas de Veracruz ha escalado hasta convertirse en uno de los desastres ambientales más graves en la historia reciente del Golfo de México.
La mancha de hidrocarburo ya se extiende a lo largo de 630 kilómetros de litoral, desde la laguna de Tamiahua, en el norte de Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco, afectando playas, lagunas, arrecifes y comunidades enteras en su camino.
Las organizaciones ambientales han documentado al menos 51 puntos contaminados, con mayor concentración en el territorio veracruzano. En estas zonas se han encontrado tortugas marinas, delfines y manatíes muertos, además de daños severos en 125 arrecifes coralinos y rocosos que forman parte del Corredor Arrecifal del Golfo de México.
La constante llegada de chapopote ha puesto en riesgo áreas de anidación de tortugas, ecosistemas frágiles, manglares y sitios clave para la reproducción de especies marinas.
Más de 16 mil familias pesqueras se han visto afectadas por la contaminación del litoral. La pesca, principal actividad económica de numerosas comunidades, se encuentra prácticamente paralizada, mientras prestadores de servicios turísticos reportan cancelaciones y pérdidas por la presencia de manchas negras en playas populares como Costa Esmeralda, Chachalacas, Tuxpan, Tamiahua e Isla Lobos.
En muchos de estos sitios, habitantes y colectivos han tenido que organizar jornadas comunitarias de limpieza, debido a la falta de atención oficial en zonas no turísticas.
Aunque Pemex informó avances del 85% al 88% en las labores de limpieza y la recolección de más de 94 toneladas de residuos, organizaciones ambientales y pobladores aseguran que el petróleo continúa llegando a puntos que ya habían sido atendidos, lo que evidencia que la emergencia está lejos de ser contenida.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el derrame no fue causado por instalaciones de Pemex, sino por un barco privado, actualmente bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República.
Mientras tanto, colectivos ambientalistas como Greenpeace y Oceana han exigido transparencia, acciones urgentes y la declaración de emergencia ambiental, señalando que la respuesta gubernamental ha sido tardía e insuficiente ante la magnitud del desastre.
