La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, perfila una de las reformas más ambiciosas en materia político-electoral de los últimos años, con un proyecto que busca modificar el sistema de representación proporcional, reducir costos del aparato electoral y replantear el funcionamiento del árbitro electoral en el país.
De acuerdo con los planteamientos adelantados por el gobierno federal, la iniciativa contempla cambios sustanciales en la forma en que se asignan las diputaciones y senadurías plurinominales. La propuesta busca que estos cargos no sean definidos únicamente por las cúpulas partidistas, sino que tengan un vínculo más directo con el voto ciudadano, con el objetivo de fortalecer la legitimidad democrática.
Entre las alternativas que se han discutido se encuentra la posibilidad de que los aspirantes a cargos de representación proporcional participen también en elecciones de mayoría, o que se modifique el mecanismo de listas para evitar la designación directa por parte de los partidos.
Otro de los ejes centrales es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y a los procesos electorales, una medida que, según el Ejecutivo, permitiría disminuir el costo de las elecciones sin afectar la equidad de la competencia. Asimismo, se ha planteado la reestructuración del Instituto Nacional Electoral, con ajustes operativos que generen ahorros presupuestales.
La iniciativa también contempla revisar el papel de los organismos electorales locales (OPLE) y, en algunos escenarios, incluso su desaparición, concentrando funciones en el órgano nacional para simplificar la organización electoral.
No obstante, el proyecto enfrenta resistencias políticas, incluso dentro del bloque oficialista. Partidos aliados como el PVEM y el PT han manifestado su rechazo a modificar el esquema de plurinominales y a reducir el financiamiento público, al considerar que estas medidas afectarían su representación legislativa y operación política.
El debate se da en un contexto en el que la ciudadanía muestra expectativas divididas. Mientras una mayoría considera necesaria una reforma electoral para garantizar elecciones más equitativas, también existe preocupación sobre la autonomía de las instituciones electorales.
La presidenta ha insistido en que la propuesta busca fortalecer la democracia, garantizar la representación de minorías y promover una mayor participación ciudadana. Sin embargo, la negociación política será clave para definir el alcance final de una reforma que podría transformar de fondo el sistema electoral mexicano.
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