La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional al Senado para poner fin a las llamadas pensiones “exorbitantes” que actualmente reciben exfuncionarios de alto nivel en el gobierno federal. La propuesta busca establecer un tope a estos ingresos y eliminar privilegios que, según el Ejecutivo, generan inequidad en el uso de recursos públicos.
Durante su conferencia matutina del 18 de febrero, la mandataria adelantó que el proyecto será enviado el próximo 23 de febrero y forma parte de la política de austeridad impulsada por su administración.
De acuerdo con la iniciativa, las pensiones de exservidores públicos de altos mandos no podrán superar el 50% de la remuneración del titular del Ejecutivo federal. Esta medida pretende reducir significativamente los montos que actualmente perciben algunos exfuncionarios, los cuales, en ciertos casos, alcanzan entre 300 mil y hasta un millón de pesos mensuales.
La presidenta subrayó que la reforma no afectará a trabajadores de base ni a quienes cuentan con derechos laborales derivados de contratos colectivos, sino que estará dirigida exclusivamente a exfuncionarios de confianza que reciben pensiones con recursos públicos.
Pensiones millonarias bajo revisión
El diagnóstico presentado por el gobierno federal reveló la existencia de pensiones consideradas excesivas en distintas entidades públicas, como empresas productivas del Estado, organismos descentralizados y fideicomisos. En algunos casos, los beneficios superan incluso el salario de la presidenta, lo que fue calificado por autoridades como un esquema de privilegios heredado de administraciones anteriores.
La reforma contempla aplicar estos límites a instituciones como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, donde se han detectado los montos más elevados.
Además, el gobierno estima que la medida permitirá generar ahorros significativos en el gasto público, los cuales podrían redirigirse a programas sociales prioritarios.
En ruta al Senado
El proyecto de modificación constitucional deberá ser discutido y aprobado por el Congreso de la Unión, comenzando en la Cámara de Senadores. De avanzar, implicaría cambios al artículo 127 constitucional, enfocados en establecer el principio de “pensiones sin privilegios”.
La iniciativa se suma a otras reformas impulsadas por la actual administración, orientadas a fortalecer la austeridad gubernamental y revisar los beneficios en el sector público.
Con este planteamiento, el Ejecutivo busca abrir el debate sobre la equidad en el sistema de pensiones del sector público y reducir las brechas entre los ingresos de altos mandos y la mayoría de la población trabajadora en México.
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