El gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, informó este 12 de febrero de 2026 la recuperación de 1 126 concesiones mineras que se encontraban ociosas, inactivas o incumplían con obligaciones de pago, como parte de una nueva política para ordenar el sector, transparentar su operación y evitar el uso especulativo de permisos. La medida forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Claudia Sheinbaum para garantizar una explotación más responsable de los recursos naturales del país.
De acuerdo con las autoridades, estas concesiones fueron declaradas ídolas es decir, sin producción ni actividades efectivas en el terreno durante años y con adeudos en derechos de vigencia o exploración, lo que motivó la revocación por falta de cumplimiento de la normatividad vigente. La recuperación de estos permisos permitirá a la autoridad redistribuir estos territorios para nuevos proyectos, promover la inversión productiva y combatir la proliferación de actividades mineras ilegales o no reguladas.
Según informó la Secretaría de Economía, la recuperación se realizó conforme a lo establecido en la Ley Minera, la cual permite a la dependencia retirar permisos cuando los concesionarios no cumplen con sus obligaciones de exploración, explotación, mantenimiento o pagos ante la autoridad. Este proceso implicó la revisión de expedientes, visitas de verificación en campo y la búsqueda de mecanismos que aseguren la sostenibilidad ambiental y social de estas actividades.
Las concesiones mineras idóleos representaban sumas significativas de territorio sin actividad económica real, algo que, según el gobierno, distorsionaba el potencial productivo del sector y facilitaba prácticas no transparentes o incluso ilegales, como el uso de concesiones para proteger invadidos territorios sin rendir cuentas ni justificativos técnicos.
Objetivos del Gobierno y beneficios esperados
El Ejecutivo federal ha señalado que la recuperación de estos permisos apunta a varios objetivos clave:
- Estimular la inversión minera seria y sostenible: permitir que empresas con capacidad técnica y financiera puedan desarrollar operaciones productivas.
- Prevenir el acaparamiento especulativo: evitar que grandes extensiones de tierra queden concesionadas sin actividad productiva.
- Fomentar la transparencia: fortalecer mecanismos para el seguimiento público de concesiones y su cumplimiento de obligaciones legales.
- Combatir la minería ilegal: las concesiones inactivas muchas veces servían para encubrir actividades fuera del marco formal.
Esto también está alineado con la política ambiental del gobierno, que busca que los proyectos mineros cumplan con evaluaciones de impacto ambiental, consulta pública previa y responsabilidad social territorial, evitando daños ecológicos y conflictos con comunidades locales.
La medida ha generado reacciones mixtas. Algunas organizaciones empresariales mineras expresaron apoyo a la recuperación de permisos inactivos, señalando que podría atraer a inversionistas más comprometidos y mejorar la competitividad del sector. Consideran que un uso más eficiente de las concesiones podría traducirse en mayores empleos, derrama económica y recursos para las regiones mineras.
Sin embargo, otros actores del sector pidieron seguridad jurídica y claridad en los criterios de recuperación, para evitar arbitrariedades y garantizar que los proyectos con potencial real no se vean afectados por interpretaciones administrativas estrictas.
Comunidades cercanas a zonas mineras recibieron con cierto optimismo la noticia, al vislumbrar la posibilidad de que empresas responsables con estándares ambientales y de consulta puedan obtener permisos antes detenidos por idolos, respetando los derechos y expectativas locales.
La recuperación de estos más de 1,126 permisos impacta a un sector que es estratégico para México, que alberga importantes reservas de oro, plata, cobre y otros minerales clave para industrias tecnológicas y energéticas. El gobierno adelantó que seguirá monitoreando la situación de otras concesiones para asegurar que cumplan con normas vigentes y que el marco legal se aplique con equidad y transparencia.
Los próximos pasos incluyen la puesta a disposición pública de la base de datos de concesiones recuperadas, así como la apertura de convocatorias y procesos transparentes para la asignación de nuevos permisos, con un enfoque en proyectos que demuestren capacidad técnica, financiera y compromiso con el desarrollo sostenible.
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