El Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de reducir la jornada laboral máxima a 40 horas semanales, un avance significativo en la discusión sobre condiciones laborales en México. El dictamen, respaldado por diversas fuerzas políticas, busca fortalecer el equilibrio entre la vida personal y profesional de los trabajadores y fomentar mayores oportunidades de empleo.
Durante la sesión del 11 de febrero de 2026, las y los legisladores debatieron el proyecto que plantea una reducción progresiva de la jornada laboral a 40 horas semanales sin disminuir el salario de las y los trabajadores. Este cambio está pensado para implementarse de manera escalonada en empresas de diversos tamaños, con mecanismos que consideren la productividad, la competitividad y la adaptación progresiva de los centros de trabajo.
El principal propósito del ajuste legal es mejorar la calidad de vida de la trabajadora y el trabajador mexicano, otorgándoles más tiempo para la recreación, la familia, el estudio y el descanso, al tiempo que se reducen los índices de estrés y enfermedades relacionadas con jornadas extensas. Asimismo, se busca generar más empleos al incentivar que, con menor carga horaria, las empresas distribuyan el trabajo entre más personas.
El dictamen aprobado incluye criterios para la implementación progresiva en diferentes sectores productivos y establece que las modificaciones deberán considerar la naturaleza de cada actividad económica. Además, se prevén medidas de vigilancia y sanción para quienes incumplan con las nuevas disposiciones, fortaleciendo la labor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en materia de inspección laboral.
Durante el debate, legisladores de distintos grupos parlamentarios expresaron opiniones encontradas, aunque en general el dictamen obtuvo el respaldo mayoritario en lo general. Por un lado, representantes del sector obrero y organizaciones sociales celebraron el avance como un logro histórico que coloca a México a la par de países con jornadas laborales más humanas y socialmente sostenibles.
Por otro lado, sectores empresariales y algunos legisladores externaron sus preocupaciones sobre los posibles efectos en la competitividad y los costos de producción, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que podrían enfrentar retos para adaptarse a una jornada reducida sin afectar su operación o margen de ganancia. En respuesta, los promotores de la reforma afirmaron que las medidas transitorias permitirán una adaptación gradual y responsable que tome en cuenta estas circunstancias.
Tras aprobarse en lo general, el dictamen será turnado a las comisiones correspondientes para su análisis en lo particular, donde se discutirán y votarán artículos, reservas y posibles ajustes técnicos al texto. Una vez concluido ese proceso, deberá ser enviado a la Cámara de Diputados para continuar su ruta legislativa y, en su caso, ser promulgado por el Ejecutivo federal para su entrada en vigor.
La reforma, de avanzar en las siguientes etapas, representaría uno de los cambios más trascendentes en materia laboral en las últimas décadas, y podría posicionar a México como pionero en América Latina en la adopción de estándares modernos de jornada laboral que equilibren bienestar social y productividad económica.
Expertos en economía laboral han señalado que una jornada de 40 horas semanales podría tener impactos positivos en la salud pública, en el bienestar familiar y en la productividad a largo plazo, al mejorar la calidad del descanso y reducir el ausentismo por causas de estrés o fatiga. Sin embargo, advierten que el éxito de esta reforma requerirá acuerdos tripartitos entre gobierno, trabajadores y empleadores para garantizar aplicación equilibrada y sostenible.
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