Detienen a alcalde de Tequila por extorsión y presuntos vínculos con el CJNG

Detienen a alcalde de Tequila por extorsión y presuntos vínculos con el CJNG

El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera González, fue detenido por autoridades federales y estatales bajo cargos de extorsión agravada y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una investigación que también incluye posibles delitos de abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito durante su gestión. La aprehensión se realizó como parte de un operativo especializado en el que participaron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía del Estado de Jalisco, quienes presentaron evidencias sobre la conducta delictiva atribuida al edil.

Rivera, militante de Morena, asumió el gobierno municipal de Tequila con una importante base de apoyo popular; sin embargo, su gestión y estilo de mando enfrentaron desde hace meses críticas por parte de ciudadanos, empresarios y políticos de oposición. El proceso judicial contra él avanzó después de que se reunieron denuncias formales que apuntan a un esquema de extorsión a comerciantes, hoteleros y pequeñas empresas, así como presuntas facilitaciones a actividades delictivas ligadas al CJNG en la región.

Acusaciones y contexto de la investigación

De acuerdo con las autoridades, las acusaciones señalan que Rivera habría exigido pagos y favores a empresarios locales a cambio de “seguridad”, permisos municipales o contratos públicos, actividad que configuraría el delito de extorsión agravada. Paralelamente, elementos de la investigación sugieren que el alcalde habría cooperado con una facción del CJNG para permitir o facilitar operaciones delictivas en el municipio, lo que para las fiscalías representa una colusión grave entre poder público y crimen organizado.

La investigación también ha expuesto posibles irregularidades en la asignación de contratos municipales, permisos turísticos y licencias relacionadas con la industria del tequila y el turismo, sector clave en la economía local. Algunos exfuncionarios y testigos han señalado que el edil utilizó su cargo para favorecer intereses particulares y beneficiar a grupos con vínculos delictivos, lo que ha sido uno de los ejes de la acusación formal.

Rivera fue detenido en un operativo que se realizó sin incidentes mayores y fue trasladado inmediatamente a instalaciones de la FGR en la Ciudad de México, donde se le comunicaron los cargos en su contra. Hasta el momento, las fiscalías no han dado a conocer la totalidad de las evidencias presentadas, aunque se ha insistido en que la acusación es sólida y basada en una investigación que incluyó intercepciones telefónicas, testimonios de víctimas y elementos financieros que vinculan al alcalde con las conductas delictivas imputadas.

Tequila, un municipio emblemático por su industria agave-tequilera y su atractivo turístico internacional, no solo enfrenta así un escándalo político de gran impacto, sino que ahora se encuentra ante el desafío de recuperar la confianza en sus instituciones y autoridades locales. Empresarios del sector turístico y pobladores han manifestado preocupación por las implicaciones de este caso en la percepción de seguridad y gobernabilidad en la región.

El caso también ha renovado el debate sobre la infiltración del crimen organizado en gobiernos locales, un fenómeno que ha afectado a varios municipios del país y que autoridades federales han reconocido como uno de los desafíos más complejos para la seguridad y la administración pública.

Rivera González enfrenta ahora un proceso judicial federal que podría resultar en penas de prisión significativas, de comprobarse los delitos de extorsión agravada y vínculos con el crimen organizado. Las fiscalías han indicado que continuarán con la recopilación de pruebas y la integración del expediente para sustentar la acusación, al tiempo que no descartan posibles órdenes de aprehensión adicionales contra cómplices o colaboradores.

Mientras tanto, la administración municipal queda bajo supervisión interina y se espera que el Congreso local designe a un alcalde sustituto para garantizar la operación cotidiana de la presidencia municipal y atender las demandas sociales, económicas y de seguridad que han surgido tras este escándalo sin precedentes.

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