La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vivió una sesión marcada por la discusión y divergencias internas tras un proyecto que proponía eliminar sanciones por el excedente de marihuana para consumo personal, pero que finalmente no fue aprobado debido a la falta de votos suficientes entre los ministros. El debate puso de manifiesto tensiones dentro del máximo tribunal sobre cómo abordar el consumo recreativo de cannabis y sus límites legales en el país.
El proyecto de resolución, promovido en la Primera Sala, planteaba modificar los criterios que actualmente penalizan la posesión de marihuana por encima de ciertos límites, con el argumento de que la situación actual es contraria al derecho a la libre autodeterminación de las personas y que la criminalización del consumo, más allá de impedir conductas antisociales, estigmatiza y penaliza a usuarios sin generar beneficios claros de salud pública.
Posturas encontradas entre los ministros
Durante el debate, los ministros se dividieron en dos bloques: por un lado, quienes consideraron que seguir penalizando la posesión por encima de límites aunque sean para consumo personal, perpetúa un enfoque punitivo y poco efectivo, y deberían adoptarse normas más flexibles en consonancia con cambios sociales y legales en otras jurisdicciones del mundo.
En contraparte, otros ministros señalaron que eliminar sanciones sin un marco regulatorio claro podría generar vacíos jurídicos y de seguridad, además de que competen al Congreso de la Unión y no a la Corte definir los límites precisos y las políticas públicas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. Esta postura sostuvo que la Corte no debe sustituir la función legislativa en un tema tan sensible y amplio.
Por estas razones, y al no alcanzar la mayoría calificada requerida, la Corte decidió no modificar el criterio vigente sobre la posesión de marihuana, dejando en manos del Poder Legislativo abordar reformas integrales al marco legal relacionado con el cannabis.
Contexto legal y social en México
El debate judicial se da en un contexto donde la sociedad mexicana ha intensificado la discusión pública sobre el uso, posesión y regulación de la marihuana, tanto para fines recreativos como medicinales. En los últimos años, se han presentado iniciativas en el Congreso para actualizar y flexibilizar las normas en materia de drogas, enfocadas a la reducción de daños, respeto a los derechos individuales y la creación de un mercado regulado que pueda desplazar al mercado ilegal.
Organizaciones civiles han abogado por un enfoque más progresista que reduzca la criminalización de consumidores y evite estigmas sociales, argumentando que la política tradicional de prohibición no ha impedido el consumo ni ha disminuido la violencia asociada al narcotráfico.
Por otro lado, grupos conservadores y algunos sectores de seguridad pública han advertido que una liberalización sin controles claros podría incrementar problemas de salud pública, especialmente entre jóvenes, y dificultar las estrategias de prevención y tratamiento de adicciones.
El caso también deja planteado un desafío para el Congreso, que ya enfrenta múltiples iniciativas para reformar la Ley General de Salud y otras disposiciones con el objetivo de crear una política más coherente y moderna sobre el uso del cannabis en México. La discusión parlamentaria podría intensificarse en 2026, conforme distintas fuerzas políticas intenten consensuar un texto legal que atienda tanto criterios de salud pública, derechos humanos y seguridad.
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