El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el 29 de enero de 2026 con la que declara una emergencia nacional respecto a Cuba y establece un nuevo régimen de aranceles a países que suministren petróleo a la isla caribeña, en uno de los movimientos más agresivos en materia de política exterior hacia La Habana en años recientes.
En el documento oficial, la Casa Blanca argumenta que la situación relacionada con el gobierno cubano representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, alegando vínculos con actores hostiles y prácticas que, según la administración, perjudican intereses estadounidenses.
¿Qué establece la orden y cómo funcionarán los aranceles?
La orden faculta al gobierno estadounidense, en particular al Departamento de Comercio y la Secretaría de Estado para identificar a los países que suministran petróleo a Cuba, directa o indirectamente y aplicar aranceles ad valorem adicionales a bienes importados de esos países. El texto no especifica aún qué países serán incluidos ni los porcentajes de los gravámenes que se impondrán, pero establece los mecanismos legales para su aplicación bajo la Ley de Poderes de Emergencias Económicas Internacionales (IEEPA).
Trump justificó la medida señalando que el régimen cubano ha mantenido “cooperación en materia de inteligencia y defensa” con países considerados adversarios de EE. UU. y que la isla contribuye a situaciones geopolíticas que Washington considera contrarias a sus intereses.
La medida tiene claras implicaciones geopolíticas y económicas para países que han participado en el suministro de petróleo a Cuba, especialmente tras la reciente interrupción de envíos venezolanos. Antes de esa suspensión, México se había convertido en uno de los principales proveedores de crudo para la isla, tras la reducción de los envíos venezolanos, con cifras estimadas en cerca de 17 200 barriles diarios durante los primeros nueve meses de 2025 por parte de Pemex.
Aunque México ha señalado que cualquier entrega de combustible se realiza en el marco de decisiones soberanas y que parte de los envíos están catalogados como ayuda humanitaria, la amenaza de aranceles ha generado inquietud diplomática y comercial. Algunos países europeos y actores internacionales han alertado que esta política podría provocar una crisis energética aún más profunda en Cuba y tensar las relaciones con Washington.
El gobierno de Cuba condenó la orden estadounidense calificándola como un “acto brutal de agresión”, acusando a Washington de emplear coerción económica para debilitar a la isla y su soberanía. La reacción de La Habana subraya que los aranceles podrían agravar las ya severas dificultades energéticas y sociales que enfrenta el país.
En el plano internacional, potencias como China han rechazado la medida, expresando respaldo a Cuba y criticando la intervención estadounidense en asuntos que, según Pekín, afectan la autonomía de estados soberanos.
La orden ejecutiva de Trump representa una escalada notable en la presión económica y diplomática de Estados Unidos sobre Cuba, combinando aranceles y la declaración de emergencia nacional para restringir aún más las fuentes de petróleo hacia la isla y forzar cambios en la política internacional y la seguridad regional.
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