Las tensiones en Minneapolis, Minnesota, se intensificaron nuevamente tras la muerte de un hombre de 37 años a manos de agentes federales de inmigración, lo que representa el segundo fallecimiento de civiles en menos de tres semanas durante operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad.
El incidente ha provocado indignación, protestas en las calles y presión política sobre el gobierno estadounidense para revisar sus tácticas de aplicación de la ley migratoria.
La víctima fue identificada como Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de cuidados intensivos que trabajaba en un hospital y que perdió la vida el 24 de enero de 2026 en el contexto de una redada federal. Según informes oficiales, los agentes afirmaron que Pretti estaba armado y representaba una amenaza para su seguridad, mientras que imágenes captadas en video y difundidas en redes sociales muestran a Pretti sin empuñar un arma en el momento en que fue rociado con gas irritante, tirado al suelo y posteriormente baleado por los agentes.
Contexto de la operación y respuesta gubernamental
El tiroteo tuvo lugar como parte de un esfuerzo de aplicación de la ley impulsado por la administración del presidente Donald Trump, que ha desplegado miles de agentes federales en Minneapolis desde principios de enero como parte de una campaña más amplia contra la inmigración irregular. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó la muerte de Pretti como “horrible” y exigió que las investigaciones locales lideren la revisión del caso, señalando que las autoridades federales han bloqueado la participación estatal en la investigación.
Pretti es el segundo residente de Minneapolis asesinado por agentes federales en el mes. Poco más de dos semanas antes, una mujer también de 37 años fue fatídicamente abatida durante otro operativo de ICE bajo circunstancias que el gobierno federal describió como defensa propia, aunque fuentes locales y testigos impugnaron esa versión.
Reacciones y protestas
El segundo tiroteo ha provocado protestas masivas no solo en Minneapolis, sino también en otras ciudades de Estados Unidos en solidaridad con las víctimas y en rechazo a las tácticas agresivas de ICE. Manifestantes han exigido que los agentes de inmigración abandonen las calles de la ciudad y que se rindan cuentas por las muertes de civiles. Legisladores demócratas, entre ellos la representante Alexandria Ocasio-Cortez, han pedido que su partido rechace futuros financiamientos para las agencias federales involucradas y se reforme la política migratoria del país.
Empresas locales, líderes comunitarios y organizaciones de derechos humanos también han llamado a la desescalada del uso de fuerza, mientras que más de 60 grandes empresas de Minnesota enviaron una carta conjunta pidiendo calma y colaboración para encontrar soluciones sostenibles ante la crisis.
La administración de Trump ha defendido repetidamente las acciones de los agentes federales, calificándolos de “patriotas” que realizan su trabajo frente a lo que el gobierno describe como actividades delictivas o amenazas a la seguridad nacional. Sin embargo, la difusión de videos y la reacción pública han exacerbado las críticas, incluso desde sectores conservadores que cuestionan la proporcionalidad del uso de la fuerza.
Mientras tanto, las investigaciones oficiales continúan, con autoridades locales y federales enfrentadas sobre quién debe liderar el proceso y cómo garantizar transparencia, rendición de cuentas y justicia para las familias afectadas. El caso de Pretti ha reabierto el debate nacional sobre la política migratoria, la supervisión de las agencias de aplicación de la ley y la protección de los derechos civiles en Estados Unidos, marcando un punto crítico en un año electoral clave.
La situación en Minneapolis sigue siendo volátil, con más movilizaciones previstas y llamados crecientes para reevaluar la presencia de ICE en comunidades urbanas, al tiempo que la nación enfrenta un debate profundo sobre cómo equilibrar la seguridad fronteriza con la protección de vidas civiles.
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