México realizó este 20 de enero de 2026 el tercer traslado masivo de presos vinculados al crimen organizado hacia Estados Unidos, con la entrega de 37 reclusos considerados de alto impacto para la seguridad nacional, en el marco de una cooperación bilateral reforzada entre ambos países para combatir estructuras del narcotráfico y el crimen transnacional.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que los detenidos fueron trasladados en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas a diferentes estados de Estados Unidos, incluyendo Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, donde enfrentarán cargos federales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y otros delitos graves.
Este traslado se considera la tercera entrega de este tipo desde que la actual administración de Claudia Sheinbaum asumió el gobierno, sumando ya 92 líderes y operadores de organizaciones criminales enviados al vecino del norte. Las entregas previas se llevaron a cabo en febrero y en agosto de 2025, bajo un mecanismo que, según el Gobierno mexicano, respeta la Ley de Seguridad Nacional y acuerdos de cooperación entre ambas naciones.
¿Quiénes son los presos trasladados?
Entre los 37 trasladados figuran líderes y operadores de alto rango de grupos delictivos como el Cártel del Noreste, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, los Beltrán Leyva y otros cárteles regionales. Entre los nombres identificados por autoridades y fuentes oficiales se encuentran: Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste; Armando Gómez Núñez, “Delta 1”, operador del CJNG; y Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario”, destacado integrante de una facción del Cártel de los Beltrán Leyva.
Además de estos líderes criminales, la lista de trasladados incluye operadores responsables de tráfico de drogas, armas y personas, lavado de dinero, homicidios e incluso terrorismo, según los cargos presentados por las autoridades estadounidenses ante las cortes federales que llevarán los procesos judiciales.
El Gobierno de México aseguró que los traslados se ejecutaron con el compromiso de que ninguno de los 37 reos será condenado a la pena de muerte en Estados Unidos, acorde con la postura constitucional mexicana que rechaza la pena capital. Esta garantía fue parte de los acuerdos con el Departamento de Justicia estadounidense para facilitar el proceso de entrega.
El movimiento ocurre en un contexto de presión y cooperación diplomática entre México y Estados Unidos, impulsado por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que ha exigido acciones más contundentes contra los cárteles en territorio mexicano.
La entrega de estos presos se interpreta como una respuesta estratégica de México para demostrar compromiso con la lucha transnacional contra el narcotráfico, aunque también ha suscitado debates sobre soberanía y mecanismos legales de transferencia de reos.
Mientras las agrupaciones criminales enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos, las autoridades mexicanas han reafirmado que mantendrán este tipo de operaciones como parte de una estrategia de seguridad compartida, aunque también han subrayado la necesidad de equilibrar la cooperación internacional con el respeto a la soberanía jurídica y constitucional de México.
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