El registro obligatorio de líneas celulares en México, vigente desde el 9 de enero de 2026, exige a todos los usuarios vincular su línea telefónica con su CURP e identificación oficial, con la promesa de combatir delitos como la extorsión. Sin embargo, desde su anuncio, y especialmente tras sus primeras fallas, organizaciones civiles, especialistas y actores políticos han exigido detener o suspender el proceso por considerarlo riesgoso, apresurado e incluso inconstitucional.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) fue la primera en solicitar formalmente la suspensión del registro, advirtiendo que la medida coloca en riesgo la privacidad de millones de usuarios. La organización denunció que el sistema no cuenta con condiciones mínimas de ciberseguridad, especialmente después de que el 10 de enero se revelara una vulnerabilidad en la plataforma de Telcel que habría permitido la filtración de información personal.
Según R3D, las empresas de telecomunicaciones tuvieron apenas 30 días para desarrollar sistemas de alta y baja de líneas, un plazo técnicamente insuficiente para plataformas que almacenan datos sensibles. Además, la organización argumenta que el registro podría ser inconstitucional, pues permitiría al gobierno acceder a información privada sin orden judicial ni investigación penal activa.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también exigió la suspensión inmediata del registro obligatorio. Desde el Senado, destacó que la medida pone en riesgo la privacidad, la presunción de inocencia y la seguridad de millones de mexicanos. Los legisladores advirtieron que el gobierno está repitiendo los errores del PANAUT, un padrón similar invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022 por violar derechos humanos al pretender recopilar datos biométricos.
El punto de quiebre ocurrió cuando especialistas revelaron que la plataforma digital de Telcel, una de las primeras en operar el nuevo sistema, presentaba una vulnerabilidad que habría permitido a terceros ver los datos de titulares de líneas. Aunque la empresa aseguró que el problema no fue cierto, expertos advirtieron que el riesgo persiste, ya que todas las compañías debieron implementar sistemas similares bajo el mismo plazo acelerado.
Este incidente alimentó el temor de que otras operadoras sufran fallas equivalentes, exponiendo a millones de usuarios a posibles filtraciones, hackeos o usos indebidos de sus datos personales. Las plataformas, desarrolladas a contrarreloj, se han convertido en el principal argumento de organizaciones que insisten en que la medida debe pausarse hasta que existan garantías reales de seguridad.
¿Ayuda realmente a combatir la extorsión?
Aunque el gobierno federal ha defendido el registro como una herramienta para combatir delitos, especialistas en telecomunicaciones y derechos digitales consideran que esa premisa es débil. Señalan que no hay evidencia de que registrar líneas telefónicas reduzca la extorsión o el fraude, ya que las redes criminales suelen operar con líneas obtenidas mediante mercados informales, terceros o mecanismos difíciles de rastrear.
Además, advierten que medidas como esta podrían detonar nuevas formas de ilegalidad, como un mercado negro de SIMs previamente registradas a nombre de terceros. Esto no solo mantendría la actividad delictiva, sino que también pondría en riesgo a los ciudadanos cuyos datos sean utilizados sin su consentimiento.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido públicamente la implementación del registro obligatorio, asegurando que es una herramienta de ordenamiento y seguridad para el país. Señaló que cada línea, tanto de prepago como de pospago, deberá quedar vinculada a una identificación oficial vigente y a la CURP, ya sea de forma presencial o a través de plataformas digitales.
La fecha límite para completar el registro es el 30 de junio de 2026. Las líneas no registradas para ese momento serán suspendidas automáticamente, lo que plantea un posible apagón masivo de servicios móviles en caso de que no se cumpla la meta o el proceso continúe en medio de fallas.
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