En una audiencia histórica y polémica, Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, fue presentado el 5 de enero de 2026 ante un tribunal federal en Nueva York, donde se declaró no culpable de los cuatro cargos que le imputa el gobierno de Estados Unidos, incluidos conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas.
La comparecencia tuvo lugar ante el juez Alvin Hellerstein, quien procedió a leer la acusación elaborada originalmente en 2020 y actualizada por el Departamento de Justicia. Maduro, vestido con el uniforme del recluso, respondió a la lectura de cargos y declaró que “soy inocente, no culpable de nada de lo que se dice aquí”.
Asimismo aseguró que sigue siendo el “presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela” y calificó su detención como un secuestro perpetrado por fuerzas estadounidenses.
“Fui secuestrado en una intervención militar de Estados Unidos; me agarraron en mi casa en Caracas”.
Declaró ante el tribunal, antes de añadir que se considera un “prisionero de guerra” y que acudirá a instancias internacionales para que se apliquen las Convenciones de Ginebra, que protegen a los líderes en conflictos armados.
La defensa de Maduro, encabezada por el abogado Barry Pollack, argumentó que la captura de un jefe de Estado en funciones plantea serias dudas sobre la legalidad del arresto y la jurisdicción estadounidense sobre un presidente soberano, y anunció que presentará recursos legales con ese fin.
Pollack, reconocido por su trabajo con casos internacionales de alto perfil, insistió en que la acción representa una violación al derecho internacional al “secuestro militar” de un líder extranjero.
Maduro también estuvo acompañado en la audiencia por su esposa, Cilia Flores, quien igualmente se declaró no culpable de los cargos y afirmó ser “completamente inocente”. Su abogado señaló que Flores sufrió lesiones durante la operación de captura, incluyendo vendajes visibles y contusiones, por lo que solicitó atención médica adicional.
Los cargos en su contra están relacionados con acusaciones de décadas de actividades ilegales asociadas al contrabando de enormes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, vínculos con grupos narcoterroristas y la protección de redes criminales dentro del gobierno venezolano. La acusación señala que dichas actividades se llevaron a cabo desde 1999 hasta 2025, cuando se realizó la operación que culminó con su detención.
El caso ha generado una fuerte controversia internacional. Grupos de manifestantes tanto a favor como en contra de la intervención se congregaron frente al tribunal federal, con pancartas que expresaban apoyo al líder venezolano y otros que celebraban su captura.
Algunos condenan la acción como una violación de la soberanía nacional venezolana, mientras que otros aplauden la medida como un paso contra el narcotráfico.
La próxima audiencia en este caso ha sido programada para el 17 de marzo de 2026, cuando se discutirán cuestiones procesales y posibles obstáculos legales sobre la jurisdicción y la validez de la acción de captura. La situación continúa evolucionando y podría tener repercusiones políticas y diplomáticas significativas en las relaciones entre Estados Unidos, Venezuela y otros países de la región.
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