El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, será llevado ante la justicia estadounidense por cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y corrupción, confirmó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, este 3 de enero de 2026. La decisión marca un hecho histórico: nunca antes un jefe de Estado en funciones ha sido juzgado en suelo estadounidense por delitos de esta magnitud.
Bondi detalló que tanto Maduro como su esposa, la también dirigente política Cilia Flores, han sido formalmente acusados en el Distrito Sur de Nueva York por múltiples cargos, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer dichos artefactos en perjuicio de los Estados Unidos.
Captura en Venezuela y contexto de la operación
La detención del mandatario venezolano y de su esposa se produjo en el marco de una operación militar estadounidense de gran escala en Caracas y otras zonas del país petrolero, que incluyó ataques selectivos y movimientos tácticos para asegurar la captura de las autoridades venezolanas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la misión fue “excepcional” y se realizó con éxito, comparándola con operaciones militares históricas como la captura del general panameño Manuel Noriega en 1990.
Tras su arresto, el líder chavista fue trasladado en un navío militar estadounidense hacia Nueva York, donde será presentado ante un tribunal federal para responder por los cargos que pesan en su contra.
Estados Unidos ha mantenido acusaciones contra Maduro desde 2020, cuando un gran jurado federal presentó una primera imputación en su contra por narcotráfico y actividades criminales, aunque hasta ahora no se había ejecutado una orden de arresto contra un jefe de Estado en funciones.
Acusaciones y antecedentes legales
La acusación del Departamento de Justicia sostiene que Maduro fue líder de una red criminal transnacional, colaborando estrechamente con organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el llamado Cartel de los Soles, una supuesta estructura de narcotráfico que habría usado la cocaína como “arma” para inundar el mercado estadounidense y financiar operaciones del régimen venezolano.
Las autoridades norteamericanas han señalado que esta red funcionó durante más de dos décadas, transportando cantidades cuantiosas de drogas hacia Estados Unidos y generando “millones de dólares” en ganancias ilícitas.
Los cargos también reflejan acusaciones de corrupción masiva dentro del gobierno venezolano, en las que se ha señalado a Maduro y su círculo cercano por desviar recursos públicos y utilizar posiciones de poder para enriquecer a funcionarios y sostener al régimen.
Esta estrategia ha estado acompañada de sanciones económicas severas por parte de Washington durante años, así como recompensas por información que condujera a la captura de altos líderes venezolanos, incluido un aumento de la recompensa por Maduro hasta 50 millones de dólares en 2025.
La operación y la noticia de que Maduro será juzgado en EE. UU. han generado reacciones internacionales encontradas. Gobiernos como los de Rusia, China, Brasil y Cuba han rechazado categóricamente la intervención militar en Venezuela, calificándola de violación a la soberanía nacional y expresando solidaridad con el pueblo venezolano. Por su parte, aliados occidentales han pedido moderación y respeto al derecho internacional, destacando la complejidad del caso y los riesgos de una escalada regional.
Dentro de Venezuela, el ambiente es de incertidumbre y tensión, mientras la población enfrenta un escenario político abruptamente transformado. La vicepresidenta ha exigido pruebas de vida para Maduro y Flores, y ha calificado la intervención como una “agresión militar” injustificada. Las fuerzas armadas venezolanas, por su parte, han sido llamadas a movilizarse en defensa nacional.
Implicaciones y futuro del proceso
El traslado de un presidente en funciones a juicio en una jurisdicción extranjera plantea un precedente sin precedentes en la historia contemporánea. El proceso en el Distrito Sur de Nueva York podría durar meses o años, dependiendo de la complejidad de las pruebas y de las defensas legales presentadas.
Analistas señalan que el caso podría tener implicaciones profundas en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, así como en la política interna venezolana, donde sectores de oposición ven la caída de Maduro como un posible punto de inflexión hacia una transición democrática, mientras que partidarios del régimen denuncian una campaña imperialista.
Este desarrollo sitúa a Nicolás Maduro y Cilia Flores frente a uno de los procesos judiciales más controversiales de las últimas décadas, con repercusiones políticas, diplomáticas y sociales que seguirán evolucionando conforme avance el proceso en tribunales estadounidenses.
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