El sistema de justicia de El Salvador impuso este 21 de diciembre de 2025 condenas sin precedentes a un total de 248 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), con penas que van desde varias décadas hasta 1,335 años de prisión para los casos más graves.
Estas sanciones se dan en el marco de la política de mano dura contra las pandillas impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, que ha desplegado una serie de mecanismos legales y operativos para desarticular las estructuras del crimen organizado en el país centroamericano.
Los tribunales salvadoreños sentenciaron a cada uno de los 248 pandilleros por múltiples delitos que incluyen asesinato agravado, extorsión, terrorismo, agrupaciones ilícitas y otros actos de violencia atribuibles a la MS-13, considerada una de las pandillas más peligrosas y organizadas de la región.
Las condenas máximas, que suman hasta 1,335 años de cárcel por individuo, fueron impuestas en casos donde se acreditó la participación directa en homicidios múltiples y actos de terror contra la población civil.
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador señaló que las sentencias representan “una respuesta contundente del Estado de Derecho a la violencia estructural que ha sufrido el país durante décadas” y que la acción judicial se realizó con base en evidencia robusta, testimonios, pruebas periciales y trabajo investigativo especializado.
Las autoridades destacaron que estas condenas son parte de un esfuerzo mayor para desarticular la cadena de mando y la red de influencia criminal de la MS-13, que ha mantenido un alto índice de violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala.
La política de seguridad de Bukele, altamente controversial, ha incluido desde 2022 el estado de excepción y medidas extraordinarias que permitieron la detención masiva de miles de pandilleros y la ampliación de facultades de las fuerzas de seguridad.
Sus defensores argumentan que estas acciones han reducido significativamente las cifras de homicidios y actos delictivos atribuibles a maras y bandas.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han criticado la política de mano dura por considerar que puede vulnerar garantías procesales y derechos fundamentales, al favorecer detenciones masivas y dilaciones procesales.
Grupos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han instado a que las luchas contra las pandillas respeten los estándares internacionales de justicia y deban incluir mecanismos de reinserción social.
El impacto de las condenas también se siente en el ámbito social: las familias de las víctimas de la MS-13 han manifestado su respaldo a las sanciones extremas, al considerarlas una forma de retribución y justicia ante años de terror y pérdida de seres queridos.
Por su parte, sectores críticos advierten que la solución a largo plazo requiere políticas de prevención del delito, educación, oportunidades económicas y rehabilitación, más allá de la cárcel como respuesta exclusiva.
Con estas decisiones judiciales, El Salvador marca un hito en su cruzada contra la violencia de las pandillas, pero también reaviva el debate sobre los límites del castigo penal, la protección de derechos y la efectividad de estrategias basadas en penas extremas para enfrentar problemas estructurales de seguridad y exclusión social.
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