El gobierno de la Ciudad de México informó que se alcanzaron 143 acuerdos reparatorios por un monto total de 480 millones de pesos para atender a las víctimas directas e indirectas de la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.
Durante una conferencia de prensa conjunta con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, calificó la cifra como histórica en los procesos de reparación de daño en la capital, y destacó que aproximadamente el 90 % del monto total, alrededor de 429 millones de pesos, ya ha sido entregado a las familias afectadas.
La tragedia causada por la volcadura y posterior explosión de la pipa dejó un saldo de 32 personas fallecidas, más de 50 lesionadas y múltiples daños materiales a vehículos, negocios y hogares cercanos al sitio del siniestro. Las autoridades han realizado una investigación detallada que incluyó más de 270 dictámenes técnicos para esclarecer las causas del accidente.
La FGJCDMX confirmó que, en gran medida, el siniestro fue resultado del exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo por parte del conductor, quien también perdió la vida en el incidente. Asimismo, se detectaron omisiones por parte de la empresa propietaria de la pipa, Transportadora Silza, S.A. de C.V., relativas a capacitación de operadores y supervisión de jornadas laborales.
De los 480 millones de pesos comprometidos en los acuerdos reparatorios:
- 266 millones se destinaron a familiares de los fallecidos.
- 136.5 millones fueron canalizados a personas lesionadas.
- 27 millones se asignaron a afectados por daños materiales, psicológicos y otros tipos de perjuicios.
Brugada subrayó que, si bien ninguna compensación económica puede reparar la pérdida de vidas humanas ni el dolor de las familias, la respuesta institucional buscó acompañar a las víctimas y garantizar justicia a través de estos acuerdos, así como evitar la prolongación de los casos en procesos judiciales que podrían tardar años.
Además del apoyo económico, las autoridades han mantenido atención médica integral y servicios psicológicos para quienes lo requieren, con el objetivo de ofrecer acompañamiento constante tras la tragedia. También se han realizado esfuerzos para atender la situación de los negocios y propiedades dañadas en la zona.
Aunque la mayoría de los pagos ya se ha realizado, Brugada explicó que aún se encuentran pendientes algunos acuerdos, principalmente relacionados con trámites sucesorios y casos complejos de reparación, que se resolverán conforme avancen los procesos administrativos y legales correspondientes.
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