EE. UU. intensifica ataques a embarcaciones en el Caribe y Pacífico; suma 25 barcos destruidos y al menos 95 muertos

Desde septiembre de 2025, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han llevado a cabo una campaña de ataques militares contra embarcaciones en el Mar Caribe y el océano Pacífico que, según Washington, estarían vinculadas al tráfico de drogas, provocando la destrucción de al menos 25 botes y la muerte de aproximadamente 95 personas.

Estas operaciones, ordenadas por la administración del presidente Donald Trump, quien ha intensificado la narrativa de la lucha contra el narcotráfico calificándolo incluso como “narco-terrorismo”, han sido realizadas en aguas internacionales, sin que exista una declaración formal de guerra por parte del Congreso estadounidense, ni claridad jurídica sobre su cobertura bajo el derecho internacional.

Según la cronología elaborada por CNN en Español, el primer ataque reportado ocurrió el 2 de septiembre de 2025 en el Caribe, donde murieron 11 personas a bordo de una embarcación que las autoridades estadounidenses afirmaron estaba conectada a grupos criminales.

Desde entonces se han registrado múltiples incursiones letales tanto en el Caribe como en el Pacífico oriental, con evidencia oficial de que las embarcaciones atacadas “transportaban narcóticos” y transitaban en rutas conocidas de contrabando.

El Comando Sur de EE. UU. ha defendido estas acciones señalando que se trata de operaciones “cinéticas” contra lo que denomina “organizaciones terroristas designadas” involucradas en narcotráfico, negando bajas propias y sosteniendo que la inteligencia confirma la participación de drogas ilícitas en las embarcaciones atacadas.

Sin embargo, estas ofensivas han sido objeto de críticas y cuestionamientos legales e internacionales. Organismos de derechos humanos, incluido el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, han expresado que las acciones estadounidenses podrían violar el derecho internacional al constituir ejecuciones extrajudiciales en el mar, pues no se enmarcan en un conflicto reconocido ni se aplican garantías procesales para los afectados.

La campaña militar, que también se ha mezclado con sanciones económicas y otras medidas contra Venezuela, ha generado tensiones diplomáticas con Caracas y Bogotá, así como voces de rechazo dentro de la región. El gobierno de Venezuela ha señalado que estos ataques representan una forma de “guerra no declarada” y una violación de la soberanía nacional, denunciando además que la justificación de narcotráfico se utiliza en ocasiones sin evidencia pública clara.

Además de los ataques letales, la administración Trump ha reforzado la presencia naval en el Caribe, llevando a cabo operativos de vigilancia y, según analistas, también presionando política y militarmente con acciones como el bloqueo de tanqueros petroleros venezolanos, lo que ha profundizado la crisis con el gobierno de Nicolás Maduro y amplificado la percepción de una escalada beligerante en la región.

En Estados Unidos, la campaña ha sido respaldada por sectores que ven en estas acciones una forma necesaria de contener el flujo de drogas ilícitas, sobre todo fentanilo, al país. No obstante, críticos advierten que la falta de transparencia, la ausencia de procesos judiciales y el elevado número de muertes plantean serias preguntas sobre la legitimidad legal y moral de tal estrategia militar en aguas internacionales.

Mientras tanto, Venezuela y otros países del área piden a organismos internacionales, incluida la ONU, investigar estos ataques y sus consecuencias, en lo que se perfila como uno de los episodios más controvertidos de la política exterior estadounidense en América Latina en las últimas décadas.

Olfatea otras noticias:

Trump demanda a la BBC por hasta 10 mil millones de dólares y la acusa de difamación