La Cámara de Diputados aprobó este 10 de diciembre la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, la también llamada “Ley Arancelaria”, con la cual se modificarán 1 463 fracciones arancelarias, muchas de ellas hasta ahora exentas, y se impondrán nuevas tarifas de importación a productos procedentes, sobre todo, de países con los que México no tiene tratado comercial.
El dictamen obtuvo el respaldo del pleno en lo particular con 278 votos a favor, 25 en contra y 136 abstenciones, siendo avalado especialmente por las bancadas de la mayoría oficialista. Con ello, el documento fue enviado al Senado, a la espera de su ratificación definitiva.
¿Qué cambia?
- Se gravan 1 463 fracciones arancelarias, muchas de ellas exentas hasta ahora.
- Las tarifas aplicables alcanzan en algunos casos hasta un 50 %, aunque en otras se moderaron al 30-35 %.
- Sectores directamente afectados: industria automotriz (autos ligeros, autopartes), textil y vestimenta, plásticos, siderurgia, electrodomésticos, calzado, muebles, artículos de plástico, vidrio, juguetes, entre otros.
- Las importaciones de países con los que México no tiene convenio comercial (como China, India, Corea del Sur, Vietnam, entre otros) serán las más afectadas.
Según el gobierno, la reforma busca proteger la producción nacional, corregir desequilibrios comerciales, fomentar la industria local y evitar competencia desleal.
Asimismo, se estima que la medida podrá generar ingresos adicionales para el Estado, una de las razones fiscales detrás del ajuste.
El paquete ha generado preocupación en diversos sectores productivos y comerciales. Empresas que dependen de insumos importados advierten que los mayores costos podrían trasladarse al consumidor final, elevando precios de productos manufacturados, electrónicos, textiles y automóviles. Varios analistas alertan sobre posibles repercusiones inflacionarias.
Por su parte, cámaras industriales coinciden en que aunque la reforma podría proteger ciertos sectores nacionales, también podría complicar la competitividad de aquellas empresas que dependen de materiales importados para sus líneas de producción.
En la agenda legislativa, el objetivo oficial es que la reforma esté vigente para enero de 2026, de cara al presupuesto del próximo año. De aprobarse sin cambios, las nuevas tarifas comenzarían a aplicarse entonces.
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