El 4 de diciembre de 2025, el Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley General de Aguas, una reforma impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum que reemplaza la normativa vigente desde 1992.
La ley fue avalada primero por la Cámara de Diputados en una sesión de más de 24 horas y luego ratificada por el Senado en tiempo récord.
El dictamen incorpora cambios profundos: define al agua como un derecho humano y señala que el Estado será la autoridad rectora encargada de su gestión; se prohíbe la transferencia de concesiones entre particulares y se elimina la mercantilización del recurso.
Además, la nueva ley da facultades a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para regular asignaciones, uso y distribución prioritaria, dando prioridad al abastecimiento doméstico y social por encima de usos industriales o agrícolas.
El cambio también reforma la extinta Ley de Aguas Nacionales, incorporando 18 reservas a la minuta original con el argumento oficial de atender preocupaciones del sector agrícola.
Sin embargo, los ajustes no lograron calmar la oposición de organizaciones campesinas, que advierten sobre riesgos para quienes poseen pozos agrícolas o derechos históricos de riego. Temen que la imposibilidad de transmitir concesiones desvalorice sus tierras y ponga en riesgo su producción.
Durante la votación en la Cámara baja, la iniciativa fue aprobada con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones. Posteriormente, en el Senado, fue avalada con 85 votos a favor y 36 en contra.
El oficialismo sostiene que la reforma atiende la urgencia de garantizar agua como derecho, eliminar abusos en concesiones y poner fin al “mercado del agua”. La Conagua señaló que con la ley se busca asegurar un manejo sustentable del recurso y priorizar el acceso universal.
Pero el camino no ha sido libre de tensiones. Las protestas campesinas han sido constantes en las últimas semanas, incluyendo bloqueos de carreteras y movilizaciones con tractores hacia San Lázaro, denunciando que la ley no respeta derechos adquiridos y que su aprobación en “fast-track” revela una pretensión de control político sobre recursos vitales.
El futuro de la ley, más allá de su publicación, dependerá ahora de su implementación: la asignación de concesiones por parte de Conagua, la regulación efectiva de usos, y de las medidas para garantizar que las comunidades rurales, ejidos y pequeños productores no queden en desventaja.
Para muchos observadores, esta reforma será una prueba de la capacidad del Estado para equilibrar derechos, equidad y desarrollo sostenible hídrico en México.
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