El Senado de la República confirmó este miércoles 3 de diciembre de 2025 a Ernestina Godoy Ramos como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos.
Tras rendir protesta ante el pleno, Godoy quedó al frente del órgano encargado de la persecución de delitos federales por un periodo de nueve años, en sustitución de Alejandro Gertz Manero.
El nombramiento se concretó tras la terna enviada por la presidenta de la República, integrada exclusivamente por mujeres bajo el argumento de “es tiempo de mujeres”: Godoy, junto a Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán, competían por el cargo. La votación se realizó por cédula y no se registraron apoyos hacia las otras aspirantes.
Durante su comparecencia, Godoy enfatizó su compromiso con una Fiscalía profesional, centrada en ciencia forense, respeto al debido proceso, atención a víctimas y eliminación de impunidad. “No fabricaremos culpables, no habrá persecución política; pero tampoco impunidad”, afirmó.
La transición ocurre en un contexto delicado para la institución: la salida de Gertz Manero dejó cuestionamientos sobre autonomía, eficacia en investigaciones y acumulación de críticas sobre casos emblemáticos sin resolución.
Con Godoy al timón, el gobierno y el bloque oficialista apuestan por un nuevo rumbo, aunque la oposición advierte riesgos de subordinación política.
Al asumir, Godoy subrayó que su nombramiento no debe verse como un premio personal, sino como una responsabilidad institucional con el Estado mexicano. Se comprometió a reestructurar la FGR, profesionalizar sus procesos y garantizar justicia para víctimas de delitos graves.
Analistas coinciden en que este cambio marca un punto de inflexión en la procuración de justicia en México: con una titular que combina experiencia legislativa y en procuración local, fue fiscal en la Ciudad de México y consejera jurídica de la Presidencia, se abre la posibilidad de mayor eficacia en investigaciones federales.
El reto de Godoy será balancear autonomía, eficiencia y credibilidad. Con un encargo de nueve años por delante, el país está atento: el rumbo de la FGR podría redefinir el combate al crimen organizado, la impunidad y la justicia en México.
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