El lunes 24 de noviembre de 2025, México se prepara para una jornada de protestas sin precedentes: las organizaciones de transportistas y del sector agropecuario han anunciado un megabloqueo nacional, que incluirá cierres de carreteras, casetas de cobro, aduanas y accesos industriales en al menos 20 y hasta 25 estados de la República.
La movilización es impulsada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) junto al Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).
Estas agrupaciones denuncian la falta de respuestas concretas del Gobierno federal ante la inseguridad en carreteras, extorsiones a operadores, trámites vehiculares rezagados, así como la falta de atención al sector agrícola: bajo precio de granos, exclusión de tierras y agua, y condiciones que, según los productores, los dejan vulnerables.
Los cierres comenzarón desde las primeras horas de la mañana, alrededor de las 06:00 horas, y se espera que algunos bloqueos totales arranquen a las 08:00 horas en las principales vialidades.
Entre las carreteras que ya se reportan como afectadas figuran la Autopista México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla, así como vialidades en la zona metropolitana del Valle de México como el Circuito Exterior Mexiquense o la Autopista Naucalpan-Ecatepec.
Ante este escenario, la Secretaría de Gobernación ha convocado a las organizaciones para instalar una mesa de diálogo, con el objetivo de evitar un impacto mayor en la ciudadanía y en la movilidad nacional. El llamado es además a que no haya injerencia de “intereses políticos” en la protesta.
Para los ciudadanos y empresas, la recomendación es anticipar sus traslados, buscar rutas alternas, monitorear medios de comunicación y aplicaciones de tráfico, y en lo posible, evitar viajes no esenciales durante este día.
El impacto puede traducirse en afectación al transporte de mercancías, cortes en cadenas logísticas y demoras en regiones que concentran producción agrícola o paso internacional de carga.
Las demandas de los transportistas y campesinos no son nuevas. Se trata de peticiones acumuladas que apuntan a modificar las condiciones estructurales del sector: seguridad en carreteras federales, trámites vehiculares eficientes, inversión en infraestructura para el campo, precios de garantía para los granos y exclusión de los productos básicos de revisión en tratados internacionales como el T-MEC.
Si las mesas de negociación no logran una salida, las consecuencias pueden alargarse más allá de un solo día. La movilidad, el abastecimiento y la economía podrían verse implicados directamente.
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