Gerardo Ortiz fue sentenciado a 36 meses de libertad condicional supervisada y al pago de una multa que podría alcanzar 1.5 millones de dólares, tras declararse culpable de conspiración para violar la Ley Kingpin, una normativa estadounidense que prohíbe realizar transacciones con individuos o empresas designadas como narcotraficantes por el Departamento del Tesoro.
El caso se remonta a 2018, cuando Ortiz participó en al menos 19 conciertos en México organizados por la empresa Gallística Diamante, propiedad de Jesús “Chucho” Pérez Alvear, señalado por el gobierno estadounidense como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis. Según la investigación, estos eventos fueron utilizados para lavar dinero del narcotráfico mediante ingresos de taquilla y patrocinios.
En abril de ese año, agentes del FBI y del IRS advirtieron a Ortiz en el aeropuerto de Phoenix sobre la ilegalidad de seguir trabajando con Pérez Alvear, quien ya había sido sancionado bajo la Ley Kingpin. Pese a ello, el cantante continuó con las presentaciones, presuntamente por presión de su entonces mánager y dueño de DEL Records, Ángel del Villar, quien fue condenado en agosto de 2025 a cuatro años de prisión por los mismos cargos.
La jueza Maame Ewusi Frimpong destacó la “cooperación sustancial” de Ortiz con las autoridades, incluyendo su testimonio durante dos días en el juicio contra Del Villar, como elemento decisivo para evitar la cárcel. El artista pagó una fianza de 10 mil dólares para enfrentar el proceso en libertad y deberá cumplir estrictas condiciones: permanecer en EE.UU., someterse a supervisión judicial y abstenerse del consumo de sustancias ilegales.
La Ley Kingpin, promulgada en 1999, busca bloquear el acceso financiero de organizaciones criminales mediante sanciones económicas y restricciones comerciales. Ha sido aplicada en casos que involucraron a figuras públicas como Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez.
Ortiz lanzó su álbum “El Ejemplar” horas después de la sentencia, un proyecto con 15 temas que mezcla corridos y baladas introspectivas, reflejando la tensión personal vivida en los últimos años, intentando reenfocar la atención en su carrera artística. También negó tener vínculos directos con el narcotráfico y calificó como “mentiras” muchas de las versiones difundidas durante el proceso.
Aunque evitó la prisión, la sentencia marca un punto crítico en la trayectoria del intérprete de corridos progresivos. Su papel como testigo lo coloca en una situación vulnerable, especialmente en México, donde su equipo legal reconoce riesgos de seguridad tras el asesinato de Pérez Alvear en 2024. Además, la cooperación con el FBI ha complicado la programación de conciertos en territorio mexicano.
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